El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, enviado especial del Gobierno para negociar el conflicto social de Aysén fustigó  a los dirigentes sociales del movimiento y señaló que sus acciones “al margen de la ley” son inaceptables.

Casi simultáneamente con la declaración del ultimátum de los aiseninos para que el Gobierno se siente en la mesa, el secretario de Estado emitió una declaración pública en la que fija la postura de la autoridad ante la situación que vive la región austral.

Sostuvo que el Gobierno “ha estado dispuesto a estudiar, analizar, y construir los acuerdos que sean necesarios para abordar las legítimas y justas demandas de la gente de Aysén”.

Además que se elaboró una serie de propuestas para solucionar el conflicto, y que las condiciones les fueron planteadas a los dirigentes y “los únicos requisitos que solicitamos y que creemos indispensables para poder llevar adelante esta conversación, fueron la restauración del orden público; terminar con el bloqueo de calles y caminos, recuperar la libertad de desplazamiento y el derecho de todos y cada uno de los habitantes de Aysén, de recibir los insumos básicos como alimentos, combustibles, medicamentos y otros esenciales para llevar una vida normal”.

El Gobierno “no acepta ni aceptará que se le pongan plazos ni condiciones para llevar adelante esta conversación y rechazamos categóricamente la falta de voluntad que hoy han manifestado los dirigentes”.

“Lamentamos profundamente que los dirigentes, que hoy se arrogan la representación de todos los habitantes de Aysén hayan sostenido la intransigencia y no hayan estado dispuestos a sentarse a conversar en un marco de legalidad y juntos enriquecer las propuestas que plantearíamos”.

“Lo que ayer era un movimiento social hoy se ha convertido en un grupo de presión, cuyas acciones al margen de la ley son inaceptables”.

Sostuvo que el Gobierno “no acepta ni aceptará que se le pongan plazos ni condiciones para llevar adelante esta conversación y rechazamos categóricamente la falta de voluntad que hoy han manifestado los dirigentes”.

Finalmente reitera su disposición y de las autoridades a “plantear y discutir las propuestas que permitirán seguir desarrollando la región de Aysén, pero no aceptamos que se siga teniendo a sus habitantes privados de las condiciones mínimas que en un Estado de Derecho se deben respetar”.

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