Santiago de Chile. El gobierno chileno afirmó este miércoles que ha cumplido con el compromiso de actuar con transparencia en la polémica por un negocio inmobiliario en el que participó Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, y su esposa, y conminó al protagonista del caso a ofrecer explicaciones.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dio por cerrada la participación del Ejecutivo en la polémica después de que este mismo miércoles se hiciera pública la declaración de patrimonio e intereses de Dávalos, que está a cargo del área sociocultural de la Presidencia.

"El Gobierno cumplió con lo que ha dicho, que es transparencia", sostuvo Gómez, quien se mostró convencido de que la discusión seguirá abierta, aunque precisó que ya "no es un tema del Gobierno" y que Dávalos deberá responder las dudas que existen sobre el negocio inmobiliario.

"Para nosotros el tema no es grato en absoluto, pero es una situación que tendrá que resolver él (Dávalos) en el momento que lo crea oportuno", agregó el ministro, quien dijo que no ha hablado con el hijo mayor de la mandataria y que desconoce cuándo decidirá comparecer en público.

La declaración de patrimonio e intereses, que Dávalos no estaba obligado a hacer, fue una decisión para despejar las dudas sobre la operación inmobiliaria que realizó la empresa Caval, propiedad en un 50% de su esposa, Natalia Compagnon, y en la que él propio Dávalos trabajaba hasta el año 2013.

La empresa Caval obtuvo un crédito por valor de 6.500 millones de pesos (unos US$10,3 millones) para la adquisición de unos terrenos el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La empresa Caval obtuvo un crédito por valor de 6.500 millones de pesos (unos US$10,3 millones) para la adquisición de unos terrenos el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En la reunión previa al otorgamiento del préstamo por parte del Banco de Chile, celebrada en noviembre de ese año, participaron Andrónico Luksic, vicepresidente de la entidad financiera, y el propio Sebastián Dávalos, por entonces gerente de operaciones de Caval.

La polémica viene dada por el hecho de que la sociedad que obtuvo el préstamo tenía un capital de apenas seis millones de pesos (menos de US$10.000).

Este antecedente ha llevado a la oposición a pedir que se investigue la operación porque tiene sospechas de que se podría haber producido tráfico de influencias.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, secundó hoy las palabras del titular de Justicia e instó a Dávalos a presentar "todos los antecedentes que corresponda".

"Así como hizo su declaración de patrimonio e intereses, obviamente (debe) presentar todos los antecedentes que corresponda y en su momento su equipo verá en qué momento conversa con ustedes", dijo Peñailillo a los periodistas.

Las 44 hectáreas de terrenos que la compañía Caval adquirió en Machalí, en la región de O'Higgins, están a la espera de ser recalificados para su uso como suelo urbano, lo que elevaría su valor, aunque la decisión aún no ha sido adoptada por las autoridades municipales.

Pese a esto, la empresa pactó en enero pasado la venta de los terrenos por 9.500 millones de pesos, un precio que es 3.500 millones de pesos (unos US$5,6 millones) superior al de su compra.