El ministro del Interior, Federico Renjifo, y los asesores jurídicos del gobierno de Juan Manuel Santos han estudiado durante este fin de semana la posibilidad de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias con el fin de tramitar las objeciones a la reforma a la Justicia.

El ministro del Interior, Federico Renjifo, y los asesores jurídicos del Gobierno han estudiado durante este fin de semana la posibilidad de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias con el fin de tramitar las objeciones a la Reforma a la Justicia.

El Gobierno Nacional busca alternativas jurídicas para poder convocar las sesiones extras, pues el llamado sería improcedente, teniendo en cuenta que las reformas a la Constitución y, en este caso, a la Justicia, no pueden revisarse en este tipo de sesiones.

Se espera que este lunes se conozca la decisión a través de un decreto. De llegar a aprobarse la iniciativa, las sesiones extraordinarias comenzarían el martes de esta semana.

El presidente de la Cámara y director del Partido Liberal, Simón Gaviria, ha dialogado en las últimas horas con el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, y el presidente del partido de La U, Juan Lozano, para buscar hundir el proyecto, pues no se descarta que los partidos de la coalición apoyen la idea del Partido Liberal de hundirlo.

Sin que se puedan sopesar aún las consecuencias políticas del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de objetar la reforma a la justicia, con duros calificativos para quienes finalmente conciliaron el texto que había sido aprobado en Senado y Cámara, la incertidumbre que hoy reina respecto a la aplicabilidad o no de la iniciativa demuestra una vez más la verdad de la vieja máxima del libertador Simón Bolívar, según la cual Colombia es realmente el país de los abogados.

El primer punto en discusión, sin que realmente nadie sepa quién puede dirimirlo, es si el presidente de la República tiene o no facultades para objetar una reforma constitucional tramitada a través del Congreso. En la práctica, el poder legislativo, en su calidad de constituyente secundario, tiene plena potestad para modificar la Carta Política. Es más, de acuerdo con la propia Constitución, este es uno de los mecanismos para reformarla, junto a la asamblea constituyente y el referendo ciudadano.

En cambio, de acuerdo al reglamento interno del Congreso (Ley Quinta de 1992), sí es viable, y se acostumbra a hacerlo, que el Gobierno objete una ley, tanto por inconstitucionalidad o por inconveniencia. Según ha trascendido, esta prerrogativa, y sobre todo la norma que dice que a las reformas constitucionales vía Congreso se les pueden aplicar las mismas reglas de procedimiento de las leyes ordinarias, serían el as bajo la manga del gobierno Santos, al igual que una jurisprudencia reciente.

Sin embargo, la mayoría de juristas consultados por este diario consideran que el jefe de Estado está invocando una facultad que no tiene. Por ejemplo, Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, observó que cuando el Congreso reforma la Carta Política actúa como constituyente, y el primer mandatario no puede objetar ese mandato. “Lo que hizo Santos fue no promulgar la reforma a la justicia, es decir, no publicarla en el diario oficial. Pero el presidente del Congreso podría ordenarlo”.