La Campanera, El Salvador. En La Campanera de El Salvador, una de las urbanizaciones más peligrosas del país más violento del mundo, las paredes hablan del destino que le espera a quienes osan desafiar la ley de la pandilla: "ver, oír y callar, si de la vida quieres gozar".

La funesta amenaza garabateada en una pared desaparece bajo los firmes brochazos de un grupo de reclusas que se afana en repintar las humildes viviendas de este sector situado a 10 kilómetros al este de la capital salvadoreña.

Llevando al plano simbólico su guerra contra las llamadas "maras", el Gobierno del país centroamericano lanzó una iniciativa para eliminar los característicos grafitis con los que los grupos criminales delimitan su territorio y sentencian a los "traidores" del barrio.

"Vamos a comenzar a entregar estos sectores limpios de grafitis y eso es lo que nosotros vamos a lograr, eliminar esas barreras que ellos (los pandilleros) tenían: Este es mi territorio, aquí es dónde yo estoy, aquí pertenezco", dijo a Reuters el viceministro de previsión social, Luis Flores.

El auge de la violencia, que el año pasado marcó un récord de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, dejó a esta localidad de calles estrechas y casas abandonadas a merced de una violenta facción de la pandilla Barrio 18 de la que pocos vecinos se atreven a hablar por temor a represalias.

Enfundadas en monos de trabajo amarillo y custodiadas por policías fuertemente armados, las brigadas de limpieza han sustituido calaveras y cruces en homenaje a pandilleros muertos por paisajes y mensajes de paz con los que quieren darle un nuevo rostro a su barrio.

"No tenemos temor de nada", dijo Héctor Cortez, estudiante de 19 años de La Campanera que colaboraba con el repintado de las casas. "No andamos haciendo nada malo. (Aquí) hay jóvenes que han andado con ellos (las pandillas) y están aquí ya con nosotros", expresó confiado.

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Territorios de la gente. Las cifras oficiales indican que los homicidios subieron estrepitosamente en el arranque del año, con un alza de hasta un 120% en enero y febrero, pero en el último trimestre la tendencia cambió a acusados descensos que se adjudican tanto las autoridades como los pandilleros.

Las "maras" aseguran que la baja en el homicidios se debe a la tregua firmada por las principales bandas -Barrio 18 y Mara Salvatrucha- a comienzos de año y presionan al presidente Salvador Sánchez Cerén para que negocie un nuevo pacto que reduzca la presión en los barrios y penitenciarías.

Sin embargo, el Gobierno afirma que la caída es muestra del éxito de su ofensiva militar y policial para recuperar el territorio bajo el dominio de las pandilleros que, según estimaciones oficiales, cuentan con 70.000 miembros dedicados a la extorsión, el sicariato y la venta de droga en sus zonas.

Además, las autoridades restringieron la comunicación y visitas para parte de los 15.000 pandilleros en las cárceles del país, donde aseguran se fraguan los crímenes y extorsiones.

Ahora, el plan pasa por desafiar el dominio simbólico del territorio. Hasta la fecha, las autoridades han eliminado unos 1.500 grafitis y esperan erradicar este año todos los códigos pandilleros en los 26 municipios de mayor peligrosidad.

"La población también está cansada de ver esas letras, esos números", dijo el viceministro Flores sobre las marcas "MS13" o "18" con las que las pandillas han trazado un mapa invisible donde cada mara impone su ley.

"El territorio es de la comunidad, es de la población, no tiene dueño", concluyó.