México DF. El arresto y posterior liberación de un conocido político en México dejó mal parado al gobierno al evidenciar fallas en el sistema de justicia, en medio de un caldeado ambiente preelectoral hacia los comicios presidenciales del 2012.

Jorge Hank Rhon, un excéntrico ex alcalde de la ciudad fronteriza de Tijuana y millonario empresario de casinos, fue liberado este martes tras haber permanecido bajo arresto por diez días, acusado de tener en su casa más de 80 armas, muchas de ellas de uso exclusivo del Ejército.

La jueza del caso determinó inconsistencias en el relato que hicieron efectivos del Ejército encargados de la detención, pero sobre todo la defensa se apoyó en que el arresto fue hecho sin una orden de cateo y que los militares entraron con violencia a la casa en la madrugada.

Una lluvia de críticas han caído sobre el gobierno y en específico sobre la Procuraduría General de la República (fiscalía federal), y muchos han visto en el arresto la intención de dañar al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que podría volver al poder en el 2012.

Incluso el fiscal del estado de Baja California, donde se encuentra Tijuana, aceptó que los militares no debieron entrar a la casa del político sin una orden de allanamiento.

Hank es hijo de uno de los más prominentes políticos del partido, ya fallecido. Sobre el PRI, que gobernó México por 71 años, recientemente el presidente Felipe Calderón recordó que masacraba estudiantes y hacía desaparecer a opositores.

"Es clarísimo que el expediente no estuvo bien armado, esto nos recuerda y nos reitera que la crisis actual que estamos viviendo en seguridad pública es sobre todo de procuración de justicia, de investigación de delitos", dijo el académico John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Analistas consideran que, en medio de la campaña antidrogas que emprendió Calderón tras asumir, uno de los aspectos que hace aguas es que los casos se arman mal, por lo cual muchos detenidos quedan libres al poco tiempo de pisar los tribunales, a pesar de haberse aprobado reformas en materia judicial.

Ven ataques políticos. Una de las reformas permite a las autoridades solicitar a las autoridades una orden para catear un domicilio y obtenerla en pocas horas.

Sin embargo, "se ha hecho común que el Ejército irrumpa en hogares con lujo de fuerza sin mostrar órdenes de cateo o de aprehensión", dijo el comentarista Sergio Sarmiento en el periódico Reforma.

La PGR apeló de inmediato la decisión de la juez sobre el caso Hank Rhon, y dijo que la magistrada hizo una valoración parcial y subjetiva de las pruebas presentadas y desde que se le presentó el caso había considerado legal la detención.

Hay quienes han llamado al caso del ex alcalde "el Hankazo", en alusión al llamado "Michoacanazo" por el cual más 30 alcaldes y funcionarios del estado de Michoacán fueron arrestados por supuestos vínculos con el narcotráfico en el 2009 y quedaron libres un año después por falta de pruebas.

El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenecían los alcaldes, vio en los arrestos un ataque político previo a las elecciones intermedias de julio del 2009, en las que el oficialista Partido Acción Nacional (PAN) perdió su mayoría relativa en la Cámara de Diputados a manos del PRI.

El caso de los alcaldes no fue el único que fue visto como teñido de intereses políticos, en un país donde tradicionalmente el PRI era acusado de utilizar a la PGR para golpear a sus enemigos.

En enero, justo días antes de las elecciones en el estado de Guerrero, un supuesto testigo protegido de la PGR que apareció en medios locales acusó al entonces candidato priísta para gobernador, Manuel Añorve, de recibir dinero de narcotraficantes.

Añorve, un ex alcalde de Acapulco y quien negó la acusación, perdió los comicios a manos de un candidato izquierdista que fue apoyado por el partido de Calderón.

"El caso Hank nos muestra como pocas veces podemos ver de forma documentada la manera en que las fuerzas armadas no toman en consideración jamás los derechos humanos de las personas", dijo Sergio Méndez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

"Si lo que se pretendía era golpear al PRI, yo creo que lograron todo lo contrario (...) fue una maniobra muy burda por tan clara y notoriamente ilícita", agregó.