La Paz. El gobierno izquierdista de Evo Morales y la poderosa jerarquía católica de Bolivia chocaron el martes por un proyecto de ley contra el racismo que ha provocado un acalorado debate sobre la vigencia de la libertad de expresión en el empobrecido país.

El mandatario Evo Morales, quien ha dicho varias veces que sufre todavía la discriminación en carne propia, mandó a callar a los obispos luego de que éstos se sumaran a la oposición conservadora, propietarios de medios y organizaciones de periodistas que demandan un cambio en el proyecto legal.

La norma, sancionada ya por la Cámara de Diputados y en trámite de ratificación en el Senado, autoriza la clausura de medios que divulguen mensajes racistas, lo que ha sido denunciado por sus críticos como "antidemocrático".

"Quienes rechazan la ley contra el racismo son racistas confesos", sentenció Morales en conferencia de prensa, en respuesta a un comunicado de la Conferencia Episcopal que advirtió que el proyecto llevaría a "judicializar la opinión pública, que es definida como la libre expresión y discusión de los diferentes puntos de vista".

Los prelados agregaron que "con la aprobación de esta ley desaparecerá el ejercicio democrático", coincidiendo con empresarios y organizaciones de periodistas que, amparados en la Constitución puesta en vigencia el año pasado por el mismo Morales, reconoce el derecho de los medios a la autorregulación.

El gobernante, un católico declarado que denunció en el pasado un supuesto alineamiento de la jerarquía católica con la oposición derechista, sostuvo que los obispos deberían abstenerse de opinar sobre política, en correspondencia con el celo con que la Iglesia protege su independencia.

"Yo me acuerdo que cuando visité al Papa (en junio pasado) y le hablé de acabar con el celibato, el Papa me dijo que el Estado no se meta en la Iglesia, situación que yo acepté, pero ahora algunos miembros, jerarcas de la Iglesia, se meten al Estado y hacen política", dijo Morales.

"Es su derecho, pero no se si escuchan al Papa finalmente", apuntó.

Morales defendió el eventual castigo a los medios "racistas" con el argumento de que la libertad de expresión pudo ser utilizada con fines discriminatorios y ofensivos.

Puso como ejemplo una artículo de opinión publicado recientemente en un diario local que lo calificó como "engendro de llama con Lucifer" y se preguntó si las mayorías indígenas no sufren igual maltrato en los medios urbanos.

Los periodistas bolivianos "no tienen que quejarse, si hay libertad de expresión para decir indio maldito, hay que matarlo. Si al presidente le dicen así cómo será al pueblo. Es la mejor prueba de que hay libertad de expresión", insistió.