Las medidas cautelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son imposibles de aplicar, dijo enfáticamente el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, en respuesta al pedido del organismo interamericano.

En una comunicación emitida el martes, el secretario de la CIDH, Santiago Canton, solicitó al gobierno del Ecuador que “suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión”.

No obstante, la tercera sala penal de la Corte Nacional de Justicia no emitió ninguna sentencia esa fecha, lo que hizo fue ratificar la sentencia de primera instancia dictada por el juez Paredes y rechazar el pedido de casación de esa resolución.

“No podemos, para comenzar, aplicar esta decisión que ha tomado la CIDH porque no existe una sentencia el 15 de febrero. El 16 de febrero, la Corte Nacional de Justicia, su sala especializada correspondiente, inadmitió el recurso de casación solicitado”, precisó el diplomático en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del coordinador jurídico de la Cancillería, Marco Albuja.

Patiño expuso que, además, si se tratara de una sentencia dictada con anterioridad, dictada por un juez y luego ratificada por un tribunal de apelaciones, no existen órdenes de captura ni ejecuciones de pago, ni solicitudes de embargo, que es lo que podría ser objeto de una medida cautelar.

“Por esta razón, quiero dejar perfectamente claro que no es posible atender el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, puntualizó Patiño.

Adicionalmente, agregó, que el pedido de la CIDH contraviene la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos y al reglamento del organismo porque al Ecuador no se le ha notificado de la petición de medidas cautelares realizada por los acusados (los hermanos Pérez y el exeditor de diario El Universo).

Al no haber recibido la notificación oficial del pedido realizado por los condenados, el Estado ecuatoriano no puede ejercer su derecho a la defensa, subrayó Patiño.

En este punto, Patiño explicó que la Convención establece que el otorgamiento de medidas cautelares se produciría solo en caso de gravedad y urgencia que deben quedar claramente establecidas.

Patiño precisó que el gobierno ecuatoriano no ha limitado, en ningún momento ni circunstancia, la libertad de expresión de los directivos del medio.

Patiño manifestó que el Ecuador recibe el pedido de la CIDH como una clara violación a la institucionalidad del país.

“En Ecuador existe un sistema jurisdiccional que está en pleno funcionamiento y al que hay que respetar. No se le puede pedir al gobierno que vaya a la Corte Nacional de Justicia y les diga: señores, no aplique su sentencia, porque la CIDH lo dice", finalizó Patiño.