Ecuador –igual que otros países– necesita llegar con sus propuestas, resoluciones y justificaciones hasta el despacho de quienes tienen poder de decisión en Estados Unidos (EE.UU.): ministros, congresistas, empresarios, sindicalistas, líderes de opinión, periodistas...

Más allá del discurso de la soberanía y de la autosuficiencia de la tecnocracia de la revolución ciudadana, el camino para hablar con personajes claves de Washington o Nueva York está trazado por “los contactos”.

Y esos contactos tienen nombre propio, edificios, sedes en varios países y ejecutivos de terno oscuro, quienes en una semana pueden estar en París, Washington y Quito para resolver los problemas de sus clientes. Gobiernos, organizaciones de todo tipo, corporaciones, partidos políticos... entran en esa categoría de clientes.

“Son lobbystas con experiencia; su trabajo es absolutamente legal en EE.UU. En Ecuador hay quienes los comparan con el ‘hombre del maletín’, pero nada que ver (...). En realidad, hoy, son una necesidad”, cuenta un diplomático que pide mantener la reserva de su nombre.

El gobierno de Rafael Correa, desde su posesión en el 2007 hasta la fecha, ha contratado a grandes firmas para establecer puentes con los despachos del poder en EE.UU., especialmente, por cuatro temas: relaciones con medios de comunicación, asesorías y representación legal en los casos judiciales, acercamiento en temas comerciales y cabildeo político.

Según información proporcionada por la Embajada de Ecuador en Washington, entre el 2007 y el 2011 se han celebrado ocho contratos entre la representación diplomática y las firmas Fenton Communications, Patton Boggs y DTB Associates.

Fenton Communications, dedicada a campañas de difusión y propaganda, tiene seis de los ocho contratos y su tarea es establecer contacto con medios y líderes de opinión en EE.UU.

Durante todo el 2011 y lo que va del 2012 se ha encargado de asistir en comunicación; apoyar la gestión de la Cancillería; elaborar un plan de medios para conferencias, ruedas de prensa y entrevistas de ministros y funcionarios de alto nivel; y realizar un mapeo quincenal de los actores de influencia, y uno semanal de los debates sobre el país en distintos espacios, como el Congreso.

Entre agosto del 2008 y abril del 2009, DTB Associates, vinculada a temas comerciales y agrícolas, asesoró en la renovación de las preferencias arancelarias, Atpdea, y monitoreó el tema migratorio.

Desde septiembre del 2009 hasta la actualidad, Patton Boggs asesora a la Embajada en los temas políticos y legales. Por este servicio, el Estado paga $ 65 mil mensuales. En el objeto de su contrato dice que realizará la representación en las reuniones con funcionarios del Ejecutivo y del Congreso de Estados Unidos. Si se cuenta desde que Patton Boggs fue contratada, hasta marzo de este año han pasado 30 meses, por lo que el costo de su consejería sumaría cerca de US$2 millones.

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Los contratos con estas consultoras fueron suscritos por el exembajador en Washington Luis Gallegos; el encargado de Negocios, Efraín Baus, y su actual titular, Nathalie Cely.

La embajadora señala que ya son varios años en los que se ha mantenido la relación Fenton y Patton Boggs para los temas legales y de comunicación.

Antes de asumir el cargo en Washington, Nathalie Cely –como ministra coordinadora de la Producción– contactó a la firma Blue Star Strategies para que apoye en el diseño de una estrategia de promoción para atraer inversiones.

Las cifras de la Embajada de Ecuador muestran que estas asesorías han costado entre $ 2 millones y $ 3 millones.

Pero, además de esta representación diplomática, hay otras instituciones del Estado que también han contratado no solo a las firmas descritas anteriormente, sino también a otras por diversos motivos. Este Diario solicitó a la Procuraduría la lista de empresas estadounidenses que trabajan con ellos, pero su departamento de Comunicación Social señaló que eso le corresponde informar a la Cancillería. Se hizo la solicitud de información a esa cartera pero no hubo respuesta.

Sin embargo, parte de esos contratos son difundidos por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de los reportes que entrega al Congreso. Allí se puede observar cómo el tema de comunicación y la relación con los medios es prioritario. Se registra que entre el 2007 y el primer semestre del 2011 hubo 27 contratos, que incluyen, además, las asesorías y representación legal y política, los temas comerciales y el cabildeo.

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El ministerio Coordinador de la Producción, a partir del 2010, aparece como uno de los más interesados con colocar sus temas en la agenda mediática para promover exportaciones e inversiones, así como mantener la imagen de un país que amplía su oferta al mundo, al tiempo que necesita de preferencias arancelarias.

Un caso particular es el de la Corpei que, antes de su reforma, contrató los servicios de estas firmas en coordinación con el Estado para temas como la renovación del Atpdea o la lucha de los bananeros por evitar un alza del arancel de la Unión Europea. Ahora, esa tarea está en manos de la Cancillería o de los ministerios que requieran de este tipo de servicios.

En los reportes del Departamento de Justicia, no obstante, de los 27 contratos registrados, 14 no cuentan con la descripción del monto. Los que sí tienen el valor suman US$1,4 millones en los últimos cinco años.

En la primera semana de este mes, varias autoridades viajaron a Washington para insistir en su versión sobre la libertad de expresión y para desvirtuar, por ejemplo, las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, fue uno de los que asistió y, en una entrevista publicada por El Ciudadano, reveló que también llegó a la capital estadounidense para ayudar a la embajadora “en la estructura de la comunicación a nivel internacional”.

Este diario le consultó cuál será el papel que tendrán las firmas de comunicación y asesoría en asuntos internacionales, como son Fenton y Patton Boggs, y a qué costo, pero no respondió.