El gobierno juramentará este día una Comisión Presidencial por la Calidad de la Educación. Dicha comisión, cuyos alcances de acción no fueron revelados de forma específica, se encargará de coordinar la reforma del sistema educativo nacional.

Esta reforma puede implicar, inclusive, los cambios al Estatuto del Docente, tal y como lo reveló este lunes en exclusiva El Heraldo.

Los comisionados presidenciales dependerán directamente del presidente Juan Orlando Hernández, a quien deberán presentar periódicamente sus informes de avance y cumplimiento de sus objetivos. Además, la comisión realizará investigaciones, análisis, consultas e informes sobre el sistema educativo.

Este lunes no se reveló cuál será el futuro del actual ministro Marlon Escoto o qué posición ocupará dentro de la nueva estructura educativa.

La comisión estará integrada por Lena Gutiérrez, Daniel Flores, Claudio Perdomo y Marcial Solís. Sí se estableció que estas cuatro personas serán los responsables de recomendar el establecimiento de políticas, planes, programas y medidas encaminadas a solventar los problemas del sector, así como proponer actividades y programas de cooperación en alianzas estratégicas del sector educativo.

Estas son precisamente las funciones que tenía el ministro de Educación.

“Para Honduras es una fecha histórica”, dijo el gobernante.

La comisión presidencial tendrá las herramientas necesarias para mejorar la infraestructura de las escuelas y colegios públicos. Además, podrán hacer uso de la ley que permite a los padres de familia supervisar el proceso de enseñanza.

Los comisionados coordinarán esfuerzos con el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Inversiones, Conatel, Infop y Comisión para el Desarrollo de la Educación No Formal, entre otras organizaciones.

Reformas al estatuto. En cuanto a las reformas al Estatuto del Docente, Selma Silva, viceministra de Educación, dijo que el proyecto debe realizarse de manera conjunta con docentes, padres de familia e incluso los cooperantes.

Los cambios en esta normativa se han contemplado como una necesidad desde hace dos años y medio, cuando entró en vigencia la Ley Fundamental de Educación, que contiene preceptos que contravienen el Estatuto.

El Estatuto del Docente fue creado por el Congreso Nacional mediante decreto 136-97, aprobado en septiembre de 1997.

La Secretaría de Educación realizó una encuesta virtual (por internet) con 27.407 maestros del sistema educativo en la que, entre otras cosas, se les consulta su opinión sobre la carga salarial que implica la vigencia de algunos estamentos del Estatuto.

La encuesta, denominada “Hacia una nueva actualización de la carrera docente”, revela que 19.283 personas dijeron estar de acuerdo en tener un nuevo mecanismo de actualización salarial para los docentes; 8.124 profesores dijeron que no.

“La encuesta se ha practicado a todos los docentes del país y en función de las respuestas se tomarán las medidas”, amplió la viceministra. Aclaró que aún están a nivel de estudio, lo que significa que todavía se analiza qué cosas son las que se pueden hacer y qué cosas no.

“Lo que va a prevalecer siempre es el interés que han expresado los profesores a través de sus respuestas”, subrayó.

La funcionaria considera que para estos trabajos debe existir una labor bipartita, es decir, darle mayor amplitud de participación a los docentes. “Eso es lo que yo considero, esa es mi opinión, así saldrán mejor las cosas”, dijo.

Destacó que es de vital importancia mantener una buena comunicación con los padres de familia para que también sean garantes en este proceso.

Los cooperantes nacionales e internacionales también deben ser partícipes, aconsejó.

Posición de dirigentes. Los resultados de la encuesta no complacen a todos los sectores del sistema educativo. La dirigencia magisterial ha puesto en duda la veracidad de los datos publicados. Joel Espinal, presidente del Colegio de Pedagogos (Colpedagogosh), cuestionó que “la encuesta es aplicada por el Departamento de Infotecnología de la Secretaría y no hay ningún actor externo que dé garantía de que los resultados son reales”.

En ese sentido, analizó que cualquier dato puede ser manipulado. “Lo ideal sería que si ellos quieren impulsar una consulta como esta, al menos deben contar con la veeduría de alguien externo, como las centrales obreras u otro órgano que tenga credibilidad nacional”, aconsejó Espinal.

La encuesta formuló 12 preguntas relacionadas con la factibilidad y sostenimiento del Estatuto del Docente, sanciones disciplinarias y vinculación de los dirigentes magisteriales en las Juntas de Selección.

Educación elaborará un informe con las respuestas otorgadas por los 27 mil docentes, para luego entregarlo al mandatario Juan Orlando Hernández.

El sistema educativo tiene cerca de 54 mil profesores, en los que se destinan cerca de 15.400 millones de lempiras anuales en concepto de sueldos y salarios. “Hay muchas necesidades que no se pueden cubrir, hay que ser realistas en que hay cosas impagables”, dijo la viceministra en relación al tema salarial.

Educación, según lo ha expresado el ministro, aspira a que al docente se le otorguen incentivos económicos en base a resultados. Se habla, de manera extraoficial, de que serían cuatro criterios los incluidos en las reformas: productividad, 200 días de clases, calidad educativa y profesionalización.

El actual régimen económico del Estatuto establece que los incrementos salariales se harán con base a calificación académica y cada quinquenio (5 años), entre otros factores. “Muchos hablan de que el Estatuto es una bola de nieve para el gobierno, por su peso económico, pero eso es una falacia”, cuestionó por su lado el vicepresidente del Colprosumah, Roberto Tróchez.

“Rechazamos cualquier intención del gobierno por atentar aún más contra los derechos que nos asiste la ley”, sentenció.

Además de eso, apuntó Espinal, el único órgano que puede sugerir reformas al Estatuto es el Consejo Nacional de Educación y ese ente tiene varios años de no funcionar, por lo que las reformas son inaceptables.