Un total de 95 conflictos sociales se generaron el año pasado, la mayoría de ellos relacionados con problemas económicos, informó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

A través de la Dirección de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos con Enfoque en Derechos Humanos, esta secretaría hizo un estudio del comportamiento social durante el año recién finalizado.

La ministra del ramo, Ana Pineda, precisó que los conflictos sociales están relacionados con los temas agrario, salud, educación, sociopolítico, socioeconómico, socio ambiental y seguridad ciudadana.

Los conflictos se manifestaron a través de denuncia pública, plantones, toma de calles y carreteras, marchas, toma de edificios públicos, suspensión de labores y asambleas informativas.

Los actores fueron organizaciones de la sociedad civil, servidoras y servidores públicos, estudiantes de secundaria, profesionales de la salud, docentes de educación media, grupos campesinos, empleados públicos por contrato, transportistas, partidos políticos, empleados del sector privado, estudiantes de medicina de la UNAH, policías, comerciantes, homosexuales, organizaciones de mujeres, operadores de justicia y alcaldes municipales.

“En el período estudiado, el mayor número de conflictividad se presentó en el ámbito socioeconómico que generó 27 reclamos sociales, seguido del conflicto en el ámbito sociopolítico con 22. Ambos reclamos representan el 52% del total de casos reportados”, dice el informe.

Por sectores, en el agrario hubo seis manifestaciones; en educación 14; en salud 11; en ambiente 6; socioeconómicos hubo 27; sociopolítico hubo 22; y en seguridad ciudadana se dieron 9 conflictos.

Los actores exigieron, entre otros, solución del conflicto en la tenencia de tierra del Bajo Aguán, rechazo a la criminalización del movimiento campesino a nivel nacional, derogación de la Ley de Modernización Agrícola y aprobación del proyecto de Ley para la Transformación de la Reforma Agraria Integral, rechazo a los asesinatos de campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, demanda de desarme general a empresarios, policías, militares y campesinos del Aguán.

En el campo educativo hubo protestas para derogar la Ley de Inprema y la Ley de Empleo Temporal, demanda de pago del bono estudiantil de transporte, demanda del desembolso de fondos de matrícula gratis, pago a maestros por salarios atrasados, reintegro de personal docente, administrativo y de servicios despedidos y exigencia de la destitución del Secretario de Educación, Marlon Escoto.

“En 33 lugares de nuestro país, en 15 de los 18 departamentos se presentaron conflictos sociales, aunque no todos de la misma intensidad. Las dos ciudades más importantes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, son las zonas más utilizadas para expresar conflictos sociales”.

Los departamentos con mayor incidencia de conflictividad son los siguientes: Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Yoro, El Paraíso y Colón.

Casa Presidencial, Educación, Salud y Seguridad son las instituciones más protestadas.