Numerosos grupos de derechos humanos han cuestionado que el sistema judicial libio pueda cumplir con los estándares de legislación internacional, dado que el Gobierno nacional interino tiene problemas para imponer su autoridad sobre una miríada de grupos armados.

Trípoli. Libia afirma que está armando su caso contra el detenido hijo de Muammar Gaddafi, reuniendo testigos y documentos, según el fiscal de crímenes de guerra, mientras intenta persuadir a la Corte Penal Internacional (CPI) de que le permita realizar un juicio local.

La CPI emitió el año pasado una orden de arresto para Saif al-Islam después de que fiscales lo acusaran a él y a otros de participación en la muerte de manifestantes durante la revuelta que finalmente derrocó a su padre.

El tribunal internacional ha instado a Libia a que entregue a Saif tras su captura en noviembre, en la zona desértica del sur del país, pero Trípoli insiste en que será juzgado en su patria.

El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, viajó a Libia esta semana como parte de las investigaciones de la corte sobre los crímenes cometidos en la guerra en Libia. Moreno-Ocampo se reunió con el jefe del Consejo Nacional de Transición (CNT) y con el fiscal jefe.

"Entiendo que él tiene más de 30 testigos, tiene documentos, tiene interceptaciones, por lo que entiendo que tiene un caso sólido, pero desconozco los detalles", dijo Moreno-Ocampo el sábado durante una rueda de prensa.

El fiscal agregó que no había tenido acceso a la información porque sigue siendo confidencial durante esta etapa de la investigación.

"Libia tiene que presentar el argumento a los jueces", explicó.

El 30 de abril, Trípoli debe presentar ante la CPI sus argumentos de por qué considera que debe juzgar a Saif-al Islam.

Libia tiene el derecho de procesarlo en su propio suelo tras su arresto dentro del país. La CPI sólo intervendrá si se considera que un país es incapaz o renuente a investigar o procesar. Por ejemplo, cuando un sistema legal local ha colapsado.

Moreno-Ocampo dijo que parecía poco probable que se realizara un juicio antes de las primeras elecciones libres del país, que están previstas para junio.

"No hay un plazo límite para los jueces. Supongo que dos, tres meses, pero entretanto no veo (que se realice) un juicio en Libia antes de eso porque el proceso requiere primero una acusación", afirmó.

Dudas acerca de la justicia libia. Numerosos grupos de derechos humanos han cuestionado que el sistema judicial libio pueda cumplir con los estándares de legislación internacional, dado que el Gobierno nacional interino tiene problemas para imponer su autoridad sobre una miríada de grupos armados.

El Gobierno libio todavía debe convencer a los soldados de Zintan que capturaron a Saif para que lo entreguen en custodia.

Moreno-Ocampo dijo que le informaron que el hijo de Gaddafi no había sido maltratado.

"(La localización de Saif) es un asunto de las autoridades nacionales. El respeto al bienestar de Saif también es tema de las autoridades nacionales", afirmó.

El fiscal agregó que era vital que los libios, que lucharon contra las injusticias del régimen de Gaddafi, ahora mostraran que podían "respetar la justicia para una persona como Saif".

La CPI también investiga las violaciones cometidas durante el conflicto en Libia. Moreno-Ocampo, que viajó a Misrata, escenario de algunos de los enfrentamientos más sangrientos del año pasado, dijo que su misión estaba evaluando cómo hacerse cargo del delicado tema.

La misión está revisando la información recolectada contra algunos funcionarios de alto rango del régimen, algunos de los cuales se encuentran fuera de Libia.

Aunque han habido acusaciones de violaciones usadas como método durante los enfrentamientos, no está claro aún la extensión que tuvo la violencia contra las mujeres.

La violación es un tema muy sensible en el país musulmán y rara vez se discute públicamente.

"Libia tiene que dar reconocimiento a esas personas, porque sino, será un castigo doble -fueron violadas y ahora son marginadas", declaró Moreno-Ocampo.