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Gobierno mexicano descarta cualquier clase de acuerdo o pacto con El Chapo Guzmán
Martes, Marzo 8, 2016 - 09:16

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, expresó que hay una estrategia mediática de abogados y familiares de Joaquín "El Chapo" Guzmán para victimizarlo y tratar de que la ciudadanía olvide que es un delincuente.

Ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen, respondió el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, a la intención de la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán, de negociar con el gobierno de México su extradición a Estados Unidos.

El Economista publicó una entrevista con el abogado Juan Pablo Badillo, quien afirmó que Joaquín Guzmán podría renunciar a los juicios de amparo promovidos para agilizar su extradición, aunque eso dependía de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, y no descartó que también con el de México.

“La defensa debe entenderse en su exacta dimensión. Incluir todos los tópicos, todos los temas, es una defensa también general, amplísima, no puede descartarse ningún elemento”, dijo Badillo.

Ante ello, el comisionado Renato Sales dijo: “Que quede claro: por lo que corresponde al gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen. Los hechos así lo han demostrado, así lo demuestran”. Afirmó que “el Estado mexicano no se va a prestar a chantajes ni a litigar en los medios lo que debe ser juzgado únicamente por los tribunales”.

Quieren relajar vigilancia. En un mensaje a medios, el comisionado dijo que hay una estrategia mediática de los abogados y familiares de Guzmán para victimizar al narcotraficante, y tratar que la ciudadanía olvide que el Chapo es un delincuente. “No debemos olvidar, tener presente que Joaquín Guzmán Loera ha dañado profundamente a nuestra sociedad. Sus acciones han causado la muerte de muchos mexicanos; ha envenenado a nuestros jóvenes”, aseguró Sales Heredia.

Renato Sales agregó que las declaraciones de Emma Coronel, esposa de Guzmán, y la supuesta hija del narcotraficante, Rosa Isela Guzmán Ortiz, son parte de una “abierta estrategia mediática” que “carecen de soporte probatorio (y) cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones”.

Añadió: “No vamos a ceder ante especulaciones, cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia”.

El comisionado destacó que las medidas de seguridad para Guzmán dentro del penal del Altiplano tienen como base los artículos 8 de la Constitución y 45 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, cuyo objetivo, con estricto apego a sus derechos fundamentales, es “garantizar que este sujeto no pretenda volver a evadir la acción de la justicia”.

Destacó que dichas medidas de seguridad, como el pase de lista cada hora por el día y una vez por la madrugada, fueron avaladas por el Poder Judicial en el juicio de amparo 298/2016-2, promovido por la defensa de Joaquín Guzmán Loera.

No se desisten de amparos: PGR. La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que si bien la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán dice estar dispuesta a desistirse de los amparos promovidos para facilitar su extradición a Estados Unidos, esto no ha ocurrido.

José Manuel Merino Madrid, director General de Procedimientos Internacionales de la PGR, aclaró que esa institución no tiene conocimiento de la promoción de desistimiento.

“Con relación a las diversas declaraciones que ha hecho en medios de comunicación la defensa de Joaquín Guzmán Loera, sobre su supuesto deseo de ser entregado en breve, vía extradición, al gobierno de Estados Unidos, esta institución al día de hoy no tiene conocimiento oficial de ninguna promoción en ese sentido ante las instancias correspondientes”, dijo.

El funcionario refirió que no corresponde a la PGR pronunciarse sobre la estrategia legal de Guzmán, aunque continuará dando trámite puntual a los procedimientos de extradición actualmente en curso, a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda, llegado el caso, dictar los acuerdos que concedan la extradición de Guzmán a Estados Unidos.

Precisó que actualmente los dos procedimientos de extradición que se instruyen en contra de Guzmán Loera, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, se encuentran en la etapa de desahogo de pruebas.

Cabe destacar que los abogados del Chapo, José Refugio Rodríguez y Juan Pablo Badillo, han referido que su cliente aceptaría retirarse de los juicios de amparo en contra de la extradición, pero hasta que hayan llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que le permita a Guzmán recibir una condena humana y no ser recluido en una cárcel de máxima seguridad.

Obtiene un amparo para poder dormir. El juzgado primero de amparo del Estado de México otorgó una suspensión para que cesen de inmediato los actos consistentes en la incomunicación, tortura, segregación, aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles e inhumanos, de los que dicen los abogados de Joaquín Guzmán Loera que está siendo objeto el defendido.

En un acuerdo publicado este lunes, la suspensión ordena también el cese de cualquier otro acto que atente contra la vida del Chapo, su integridad o derechos humanos.

Asimismo, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que se permita a Guzmán Loera la comunicación con su abogado, pues de lo contrario se podría ver afectada la defensa a que constitucionalmente tiene derecho.

Respecto de la falta de atención médica en relación con los padecimientos de presión arterial alta y gastritis , se concede la suspensión de plano para el efecto de que cese de inmediato, por lo que se responsabiliza a las autoridades por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Tercera Visitaduría, ha entrevistado en dos ocasiones a Joaquín Guzmán Loera, para verificar las condiciones de su reclusión, aseguró el ombudsman, Luis Raúl González Pérez.

Explicó que para las personas que enfrentan un proceso o ya están condenadas en un penal de máxima seguridad, la Constitución prevé medidas especiales para evitar riesgos para los propias reclusos.

Autores

El Economista (México)