El despliegue comenzó el lunes y en la comunidad de Antúnez murieron al menos cuatro civiles al bloquear el paso de los militares, según fuentes de los grupos de autodefensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde la capital mexicana.
Morelia, México. El gobierno mexicano desplegó este martes un vasto operativo para recuperar municipios del estado de Michoacán (suroeste) que estaban en poder de grupos de autodefensa, cumpliendo las amenazas que había lanzado el lunes.
El operativo comenzó en la noche del lunes y se prolongó hasta este martes.
Los primeros informes extraoficiales dieron cuenta de la muerte, en la madrugada del martes, de cuatro personas, entre ellas un menor de 11 años, pero el dato no ha sido confirmado por ninguna fuente del gobierno.
Fuentes oficiales de la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, dijeron que desde la noche del lunes han sido desplegados dos mil soldados en la zona de Tierra Caliente, donde operan grupos de narcotraficantes con un control territorial que no existe en otras regiones del país donde hay presencia del crimen organizado.
La región de Tierra Caliente es el escenario en el que se mueve el cártel de Los Caballeros Templarios, que tiene sembradíos de amapola y marihuana en la región, así como laboratorios de drogas sintéticas.
En el operativo para garantizar la seguridad de Tierra Caliente participan desde el aire una decena de helicópteros aportados por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y otros más de la Policía Federal y del Ejército.
El despliegue comenzó el lunes y en la comunidad de Antúnez murieron al menos cuatro civiles al bloquear el paso de los militares, según fuentes de los grupos de autodefensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde la capital mexicana.
En tanto, mandos militares y policiales mantuvieron este martes una reunión en la alcaldía de Apatzingán, en Michoacán, el centro de una zona que es el feudo de los "templarios", para abordar el tema de la inseguridad en la región y avanzar en el desarme de los grupos de autodefensa.
Fuentes tanto del gobierno michoacano como de los grupos de autodefensa dijeron a Efe que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, se reunió por la tarde del martes con líderes de esas agrupaciones irregulares en Apatzingán.
Las fuentes de las autodefensas indicaron que este miércoles darán a conocer su postura respecto a las propuestas que les hizo de Vallejo.
En tanto, el secretario federal de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, informó en una conferencia de prensa durante una visita al estado oriental de Veracruz que se ha terminado el relevo de la totalidad de la policía municipal de Apatzingán por agentes federales.
"Lo mismo exactamente se ha concluido en el municipio de Uruapan y se está trabajando en este momento con la misma acción en el municipio de Múgica. En estos lugares estará la Policía Federal haciendo los trabajos para el cuidado, salvaguarda del patrimonio y de las vidas de los habitantes", apuntó.
Añadió que se ha iniciado un diálogo con los grupos de autodefensa para que "cooperen con información, y en su caso participen en tareas de seguridad pública, una vez que cumplan con los requisitos para incorporarse a alguna de las fuerzas de seguridad que operan y operarán en Michoacán".
Esos colectivos de civiles armados operan en 15 de los 113 municipios de Michoacán.
De todos ellos tienen que salir, según el ultimátum dado el lunes por el gobierno federal, que cumplió sus amenazas con el despliegue policial y militar lanzado en las últimas horas.
Desde que se anunció el ultimátum, dirigentes de los grupos de autodefensa se han negado a acatar la orden de desarme dada por el gobierno y a abandonar las posiciones que tienen bajo su control.
"Aquí está el Ejército, no vamos a entregar las armas. Aquí nos vamos a morir, nos vamos a morir todos", afirmó a Efe uno de los dirigentes de este grupo, Estanislao Beltrán, cuando informó del ataque que causó la muerte de las cuatro personas.
Pero el fiscal general, Jesús Murillo, declaró que las autoridades están en la obligación de "restablecer el Estado de Derecho", pero "con la menor violencia posible".
La decisión de obligar a estos grupos a desarmarse se adoptó en medio del desprestigio de las autoridades del estado, gobernado por Vallejo, del gobernante Partido Revolucionario (PRI) y criticado duramente por su ineficacia.
Pero las autoridades se encuentran en el difícil reto de desarmar a unos grupos de civiles que cuentan con cierto apoyo de la población, ante el vacío del poder que se vive en Michoacán desde hace muchos meses.
Una encuesta telefónica difundida en la capital mexicana por la empresa de sondeos Gabinete de Comunicación Estratégica indica que 45% de los habitantes de Michoacán está en favor de armarse para luchar contra los cárteles del narcotráfico, frente a 43 % que desaprueban esa salida.
