La nueva reforma define los delitos especiales clasificados como corrupción y la ley nacional de fiscalización, con lo que permita armonizar las tareas de los diversos órganos fiscalizadores.

México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este miércoles una reforma constitucional que busca combatir la corrupción.

La nueva reforma define los delitos especiales clasificados como corrupción y la ley nacional de fiscalización, con lo que permita armonizar las tareas de los diversos órganos fiscalizadores, explicó el mandatario durante el acto de promulgación celebrado en Palacio Nacional.

También contempla la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que operará como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

"Este es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias entre otros actos indebidos, en pocas palabras es una reforma en contra de la impunidad," sostuvo Peña Nieto, quien reconoce que existe desconfianza de la sociedad.

"La misma incredulidad que en su momento genero la transición democrática es la que hoy existe en torno a nuestra capacidad como nación de combatir la corrupción, pero estoy seguro que así como los mexicanos logramos consolidar nuestra democracia, así también habremos de vencer este desafío," aseveró.

El Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto por el Ejecutivo el año pasado, funcionará a través de un Comité Coordinador, integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal, entre otros.    

Este sistema se crea después de varios escándalos sobre privilegios y sospechas de conflicto de intereses dentro del gobierno y entre los más destacados fue el año pasado, protagonizado por la primera dama de México, Angélica Rivera, quien adquirió una mansión de cuatro millones de dólares a un importante contratista gubernamental.