La primera ministra de Perú, Ana Jara, afirmó este miércoles que el presidente Ollanta Humala no recibirá a una comisión del Congreso que investiga el resguardo ilegal brindado por la Policía a un empresario vinculado al ex asesor Vladimiro Montesinos.

Jara consideró, en declaraciones a los periodistas, que atender a un posible interrogatorio de la comisión iría contra la Constitución y "desnaturalizaría" la investidura del jefe de Estado, y dijo que el Ejecutivo ha recibido una opinión jurídica en ese sentido del ministerio de Justicia.

"Hemos manifestado la mejor disposición que tiene el Gobierno de seguir colaborando con esta comisión investigadora, pero sería desnaturalizar la figura de la investidura presidencial someterlo a una entrevista, que en el fondo es una declaración testimonial", remarcó.

Jara dijo que el Ejecutivo seguirá colaborando en las investigaciones de la comisión, que preside el congresista fujimorista Juan Díaz Dios, quien en los últimos meses manifestó el interés de interrogar al gobernante, a pesar de que las leyes lo eximen de someterse a este tipo de solicitudes.

La Constitución peruana señala que el presidente solo puede ser acusado, durante su período de Gobierno, por el delito de traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, salvo en casos previstos, o impedir su reunión o funcionamiento, así como los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Jara aseguró que no existe "ninguna pista" que lleve a pensar que Humala esté vinculado al caso y que el Gobierno ha dado todo el apoyo y las garantías para que las investigaciones se realicen "con total independencia."

"No nos hemos negado a ningún requerimiento, y se pagó el costo político en su momento: un ministro de Estado tuvo que formular renuncia al cargo, por no advertir el irregular resguardo al ex operador fujimontesinista", afirmó.

En noviembre del año pasado, el entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, debió renunciar al cargo después del escándalo que se desató al descubrirse la irregular protección policial que se brindaba a la vivienda del empresario Óscar López Meneses, quien ha sido vinculado por la justicia al exasesor Vladimiro Montesinos.