Lima. La ministra peruana de Economía, Mercedes Aráoz, defendió el rechazo a una ley que aprobó un bono extraordinario a militares y policías, y culpó de "irresponsable" al Congreso por la norma, en el primer gran desafío que enfrenta tras siete semanas de asumir el cargo.

El rechazo oficial a la ley aprobada por el Congreso, que costaría el fisco unos US$1.950 millones, generó la molestia de los familiares de las fuerzas de seguridad, quienes marcharon el viernes contra el gobierno y amenazaron con una huelga de los agentes del orden público para el 5 de abril.

Algunos legisladores han criticado a Aráoz por oponerse a la ley, mientras que el primer vicepresidente, Luis Giampietri, afirmó que no era "concebible" un aumento de 100 soles (US$35) para este año ofrecido por Aráoz la semana pasada.

"Ha habido una utilización política del Congreso, haciendo ofertas que no son viables, que son inconstitucionales, además, (porque) no tiene iniciativa de gasto, y hacen esta propuesta por ganar votos, eso es evidente", dijo Aráoz.

El conflicto entre el gobierno y el Congreso se produce en el año previo a unos comicios generales, que ya comenzó a calentarse con promesas y ofertas electorales de diferentes bancadas políticas.

"Se trata de una propuesta que está totalmente fuera de lo que se puede manejar presupuestalmente y es irresponsable que alguien que pretende ganar unas elecciones para el próximo año haga este tipo de propuestas", dijo Aráoz.

Los suboficiales de la policía y militares figuran entre los peores pagados del Estado, con sueldos mensuales que fluctúan entre US$400 y US$1.100.

Sólo unos pocos oficiales de alto rango pueden ganar entre US$2.800 y US$4.500, aunque gran parte de su salario es con vales de gasolina, según la escala remunerativa.

"Tienen razón en oponerse a esa forma de mejorar los sueldos de las fuerzas del orden pues, con el mismo espíritu, médicos, maestros y muchos otros en el sector público podrían pedir una compensación similar para reventar la piñata del vuelto presupuestal del año pasado", dijo en su columna el analista político Augusto Alvarez.

Evalúan méritos. Sin embargo, Alvarez dijo que el gobierno hace mal "en estar jugando" con la expectativa de militares y policías, "tirándose la pelota entre el Ejecutivo y el Congreso en un tema tan delicado como el dinero que uno lleva a su casa".

La amenaza de huelga ha preocupado al gobierno del presidente Alan García, que ha pedido calma al personal policial y militar. Se estima que unos 80.000 policías no trabajarían durante la protesta.

Un paro de las fuerzas del orden dejaría sin vigilancia a la ciudad y algunos temen que se repitan las consecuencias que dejó una huelga policial el 5 de febrero del 1975, cuando cientos de personas saquearon comercios ante la falta de seguridad, en el pleno régimen militar de esa época.

"La propuesta que estamos evaluando (...) es ver opciones para darle una mejora remunerativa a las graduaciones inferiores, pero por mérito", señaló Aráoz. "Hay varios esquemas que van por premios a la mayor actividad en la calle, tener mayor presencia en la reducción de la criminalidad, a cuántas personas han capturado", agregó.

Los bajos salarios son normalmente citados como una razón de por qué la corrupción se ha expandido en Perú.

García, cuya popularidad es de sólo 28%, enfrentó el año pasado el mayor conflicto de su gestión con una fuerte protesta de indígenas por el derecho de sus tierras que dejó 34 muertos entre civiles y policías.