Asunción. El gubernamental Instituto Nacional del Indígena (INDI) dijo este martes que espera que la Corte Suprema de Justicia rechace el recurso de una empresa contra una ley que pretende devolver sus tierras a miembros de una comunidad indígena, como sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

El INDI aseguró en un comunicado que la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa, dedicada a la ganadería, pretende dilatar la aplicación de la ley, que prevé expropiar 14.404 hectáreas de tierra para la comunidad indígena Sawhoyamaxa, del pueblo énxet.

La ley fue aprobada por el Legislativo y promulgada el pasado año por el presidente paraguayo, Horacio Cartes.

El INDI expresó su confianza en que la Corte de Justicia "se mantenga coherente y "mantenga su recto criterio en favor de los derechos indígenas".

La Corte Suprema de Justicia rechazó en septiembre de 2014 un pedido de inconstitucionalidad del propietario de la empresa ganadera que ocupa el terreno, el ciudadano alemán Heribert Roedel.
Sin embargo, pese a existir esa sentencia, la más alta instancia judicial paraguaya volvió a admitir a trámite el mes pasado una acción de inconstitucionalidad contra la misma ley, según confirmó a Efe la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la jurisprudencia de Paraguay y expertos constitucionalistas, aceptar un doble juzgamiento es irregular.

El Instituto Nacional del Indígena aseguró que este es "uno de los últimos intentos por retener la propiedad" por parte de los abogados de Roedel, un empresario establecido en Paraguay tras ser procesado en su país natal por una estafa en un esquema fraudulento de compra y venta de tierras.

El INDI destacó que el Estado indemnizará al empresario con 34.939 millones de guaraníes (unos US$8 millones), según la tasación prevista en la Constitución.

Los Sawhoyamaxa, nativos del Chaco paraguayo, lograron que en 2006 una sentencia de la CorteIDH reconociera que fueron expulsados de su territorio ancestral por el empresario, sin que el Estado lo impidiera.

Los casi 500 miembros de Sawhoyamaxa han pasado más de 23 años apartados de su territorio ancestral, malviviendo al borde de una carretera, a pesar de que la Constitución de 1992 garantiza su derecho a seguir viviendo en las tierras milenarias de sus antepasados.

La ley que ordena restituirles 14.404 hectáreas es la mayor expropiación en favor de una comunidad indígena de la historia democrática del país, pero aún no se ha aplicado.

Además de la que afecta a los Sawhoyamaxa, Paraguay tiene pendiente dos sentencias más de la CorteIDH que obliga a restituir y permitir el acceso libre a sus tierras a las comunidades indígenas Yakye Axa y Xákmok Kásek.