Santiago. La presidenta Michelle Bachelet envió este martes al Congreso un proyecto de ley para reformar la constitución para dar mayor autonomía al Servicio Electoral (Servel), a fin de que pueda fiscalizar de forma más eficiente los procesos electorales en Chile.

La iniciativa, que forma parte de la agenda de probidad y transparencia del gobierno, establece que el Servel será de un órgano autónomo, con patrimonio propio y de carácter técnico, que cumplirá las funciones de administrar, supervigilar y fiscalizar los procesos electorales y plebiscitarios.

Bachelet dijo que "lo que estamos buscando es que el Servel sea una institución más fuerte, pero a la vez independiente; que ejerza con mayor libertad su papel como organizar las elecciones, pero que también pueda fiscalizar de mejor manera el funcionamiento de éstas".

"El fortalecimiento de nuestras instituciones y nuestra democracia exige la clara delimitación entre el dinero y la política", subrayó la mandataria.

Explicó que "eso demanda a todos quienes ejercemos cargos de representación popular, actuar con rapidez y decisión para asegurar que la función pública tenga, como único norte, servir a nuestros compatriotas y no a intereses particulares".

Hace tres meses estalló el escándalo del financiamiento ilegal de la política, que llevó ante la justicia a los dueños del Grupo Empresarial Penta, que esperan una resolución de los tribunales por financiar ilegalmente a campañas políticas.

Por otro lado, continúa la investigación judicial de la empresa Soquimich (SKM) que produce litio, también está relacionada con ese mismo delito.  

El proyecto de ley especifica el nuevo funcionamiento del Servel, la configuración de sus funcionarios, sus remuneraciones y el estatuto del personal, conforme a las reglas generales del Estado.

Asimismo, el texto incluye la necesidad de que vele el cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas que regulen el aporte privado y actividades de los partidos políticos, así como  las demás atribuciones que señale su ley orgánica constitucional.

El Servel estará a cargo del registro de electores y candidaturas, la regulación de los recursos económicos y materiales de éstas, la recepción y clasificación de los sufragios, el registro de los resultados de dicha clasificación, la observación electoral y la solución de las controversias generadas por todas esas funciones.

Actualmente depende del gobierno, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Al aprobarse esta reforma, el control y la fiscalización de las elecciones estarán conducidos por el Servel de manera independiente.

Este organismo contará con patrimonio propio, así como recursos humanos y técnicos, además de las atribuciones necesarias para poder cumplir efectivamente con su labor y velar por el cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.

Finalmente, Bachelet reiteró que su gobierno busca "que exista mayor control sobre la relación entre el dinero y la política para evitar que se crucen los límites éticos y legales; y para asegurar que quienes los vulneran sean sancionados como corresponde".