Montevideo. El gobierno uruguayo rechazó este martes interferir en decisiones judiciales sobre denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura entre 1973 y 1985.

Días atrás, una organización de militares retirados llamada "Foro Libertad y Concordia" solicitó al presidente uruguayo, José Mujica, que intercediera para evitar una posible ola de denuncias.

"El poder ejecutivo respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el poder judicial", dijo el gobierno en un comunicado.

"Todo ciudadano tiene la potestad de emitir opiniones discrepantes con lo actuado por la Justicia, pero a ningún ciudadano se le permitirá no acatar lo resuelto por ella", añadió.

El comunicado, leído a periodistas por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, también señaló que la norma que prohíbe a los militares su participación en actividades políticas.

"Les está absolutamente vedado a los integrantes de las fuerzas armadas las actividades de carácter político (...) No es admisible, por lo tanto, que se intente que las fuerzas armadas asuman como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos", añadió.

En los últimos días, militares retirados mantuvieron reuniones con jerarcas del ejército para pedir que las fuerzas brindaran apoyo a los indagados.

A fines del año pasado, la justicia abrió un caso presentado por una decena de ex presos políticos con denuncias por torturas sufridas durante el gobierno de facto, lo que abriría el camino para que se concretaran más denuncias.

En Uruguay, unos 20 militares están detenidos por crímenes de la dictadura, entre los que figura el ex dictador Gregorio Álvarez.

La carta de los militares generó el rechazo de organizaciones sociales, sindicales y del partido político de gobierno, Frente Amplio.