Caracas. “El Estado venezolano en ninguna forma violó o conculcó los derechos civiles, sociales y económicos que, constitucionalmente, asistían al ciudadano Franklin Brito”. De esta manera el gobierno de Hugo Chávez, a través de una declaración pública, se refirió a la muerte de un agricultor que murió tras varias huelgas de hambre en las que demandaba al gobierno por delimitaciones de sus tierras.

El comunicado señala que el gobierno esperó el velatorio de Brito antes de referirse al caso y puntualizó que el productor “nunca fue objeto de medida alguna de expropiación o rescate de tierras por parte del Estado y tampoco fue objeto de invasiones por parte de terceros”.

Respecto a la situación de las tierras del fallecido, se explica que en 2003 él “denunció el solapamiento de tierras en el otorgamiento de dos (02) cartas agrarias por parte del Instituto Nacional de Tierras. Efectivamente este instrumento agrario fue otorgado a sus vecinos de lindero: es necesario destacar que los mismos eran ocupantes previos a la asignación que le hizo el Gobierno Bolivariano al ciudadano Franklin Brito”.

Según el gobierno venezolano “Franklin Brito recibió en todo momento respuestas oportunas, tanto en las instancias administrativas como en las instancias judiciales”.

La declaración añade que “el ciudadano Franklin Brito optó por la medida extrema de la huelga de hambre y la autoflagelación como mecanismos de presión para lograr la satisfacción de una demanda que no tenía asidero en la realidad” y en ese marco, el Estado le brindó asistencia médica. “Lamentablemente el deterioro de la salud era irreversible y se produjo el desenlace fatal”, dice.

Respecto a la muerte del agricultor, indica que “comprendemos el dolor y la ira de la familia y amigos auténticos del señor Brito. A ellos y ellas les expresamos: si el gobierno Bolivariano hubiese cometido un error, no hubiésemos dudado en rectificar, incluso si se hubiese tratado de una medida ajustada a derecho, la hubiésemos flexibilizado para garantizar el supremo derecho a la vida”.

El gobierno responsabiliza a la oposición del desenlace final que tuvo este caso. “Estamos obligados a rechazar el fariseismo de la canalla mediática, de la oposición electorera, de las autoridades de la Iglesia católica, que alentaron la decisión extrema del Sr. Brito con el único fin de lograr un muerto para sus sucias banderas”, sostiene el comunicado.

Agrega que “no tienen ellos ni ellas la valentía para hacer sacrificio propio, sino que se aprovechan de la tragedia de un ser humano y su familia para intentar ganar votos y desestabilizar a un gobierno legítimo y democrático. Ninguno de ellos y ellas, que hoy lloran hipócritamente ante las cámaras de televisión bien dispuestas para el espectáculo macabro, hicieron nada para salvarle la vida. Al contrario como aves carroñeras deseaban y esperaron su muerte”.