La ministra Paula Narváez sostuvo que en Chile las licitaciones se realizan apegadas a la ley, mientras que la Corporación Nacional Forestal afirmó que no ha recibido información oficial sobre las eventuales investigaciones efectuadas en Europa, además de entregar un detalle de su vínculo con las empresas cuestionadas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó este jueves que hasta la fecha no ha recibido información oficial respecto a las investigaciones en Europa por el supuesto “Cartel del fuego” y que, de tener conocimiento, “se entregarán los antecedentes correspondientes por los canales previstos para tales fines”.

Se trata de una denuncia contra tres empresas internacionales que mantienen contrato con dicho organismo estatal y con la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), por lo que estuvieron combatiendo el fuego durante los recientes incendios forestales que se vivieron en Chile.

Según un reportaje de Mega, las firmas Faasa, Inaer y Martínez Vidau están siendo investigadas en España e Italia por colusión, tráfico de influencias, sobornos y cohecho, entre otros delitos, debido a las dudas sobre cómo llegaban a ganar varios concursos públicos.

En una declaración pública, la Conaf indicó que del total de 33 helicópteros y aviones contratados por la Corporación, sólo 9 naves corresponden a dichas empresas, es decir, representan el 27% de esa flota.

Este jueves, el senador Manuel José Ossandón concurrió a la Contraloría General de la República a solicitar que el organismo fiscalizador investigue los contratos con estas compañías.

En tanto, la vocera de La Moneda, Paula Narváez, afirmó que “el gobierno es el primer interesado en que cualquier situación que no se apegue a la ley sea investigada y sancionada de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”.

No obstante, aclaró que “en Chile no hemos formado parte ni conocido en forma directa los alcances que pueda tener esa situación que ha ocurrido en otro país”.

La ministra secretaria general de Gobierno agregó que en Chile los procesos de licitación se realizan apegados a la ley y que “son registros de carácter totalmente transparente y que se hacen en el marco del ordenamiento jurídico que nos rige”.

Asimismo, recordó que ante cualquier sospecha en torno a un proceso de licitación, “existen los organismos pertinentes para llevar adelante cualquier investigación que se requiera hacer”.