La Paz. El gobierno y los sindicatos de Bolivia restablecieron negociaciones este sábado, en procura de resolver una huelga general por mejores salarios que dura ya 10 días, con fuerte impacto en la salud y la educación aunque sin afectar a las labores productivas.

El presidente indígena Evo Morales no asistía al diálogo instalado al día siguiente que un bloqueo de 10 horas de la principal carretera de acceso a La Paz endureciera la protesta, constituida en el mayor desafío sindical a su gobierno de "socialismo comunitario" iniciado hace poco más de cinco años.

La protesta, que desde su primer día paralizaba parte de los servicios de salud y educación, no ha afectado hasta ahora a las industrias petrolera y minera -principales fuentes de divisas del país-, el sector manufacturero, el comercio, la banca y el transporte aéreo.

Morales presidió el pasado fin de semana una larga negociación que produjo un acuerdo insuficiente para resolver el conflicto, porque atendió todas las demanda sindicales menos la más urgente: un aumento salarial de 15%, en vez del 10% ya decretado.

La cúpula sindical, que incluye entre sus demandas una "profundización" de las estatización de la economía que impulsa Morales, exigió en la última semana la presencia del gobernante como condición para reabrir el diálogo, pero terminó aceptando reunirse primero con una delegación ministerial.

"Estamos aquí por mandato del pueblo, que nos ha pedido dialogar para exigir que se atiendan sus demandas", dijo a reporteros Pedro Montes, líder de la unitaria Central Obrera Boliviana (COB), la entidad que convocó a la huelga.

Montes, quien habló al ingresar al encuentro con el gobierno en la Vicepresidencia del Estado, rehusó confirmar versiones de prensa de que la delegación sindical exigiría dialogar no sólo sobre la cuestión salarial sino sobre todas las demandas que ya habían sido resueltas con Morales.

El jefe de la delegación gubernamental, el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, dijo este viernes que atender la demanda sindical de reajuste salarial de 15% obligaría a paralizar proyectos de desarrollo y pondría en dificultades a la mayoría de los gobiernos autónomos regionales.