Tegucigalpa. El gobierno de Honduras ha dado este año duros golpes al narcotráfico con el desmantelamiento de bandas y laboratorios para la elaboración de droga, principalmente cocaína, y la entrega de presuntos capos locales de la droga a Estados Unidos.

Un escudo aéreo unilateral en el Caribe, y otro naval, coordinado con Estados Unidos, han reducido sustancialmente el ingreso de droga procedente de América del Sur, según el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien al asumir el poder, el 27 de enero pasado, prometió combatir el narcotráfico.

Hace ocho meses Honduras puso en marcha el escudo aéreo pese a las reservas de Estados Unidos, alegando que podrían ser derribadas avionetas con ocupantes inocentes.

El problema del narcotráfico ha hecho viajar a Tegucigalpa dos veces este año al subsecretario de Estado de Estados Unidos para Antinarcóticos y Seguridad, William Brownfield, acompañado del jefe del Comando Sur, John Kelly, quien estuvo en el Caribe hondureño para observar la asistencia de Washington.

Brownfield dijo en la primera visita a Honduras, en febrero, que portaba buenas noticias en muchos sentidos, que Honduras y Estados Unidos han colaborado, están y van "a seguir colaborando en este esfuerzo tan complicado pero tan importante durante los años que vienen".

Sobre una nueva ley hondureña, que permite el derribo de avionetas sospechosas de transportar droga si no acatan instrucciones para aterrizar, Brownfield dijo entonces que cada país tiene sus leyes, pero que "nadie quiere ver derribados aviones o avionetas de inocentes".

El escudo aéreo lleva ocho meses en marcha y, según las autoridades locales, más de 4.000 kilos de cocaína han sido incautados en las diversas operaciones por aire, mar y tierra que han ejecutado los cuerpos de seguridad que combaten el narcotráfico.

Al comienzo del gobierno de Hernández también fueron desmantelados en el oeste del país al menos dos laboratorios con químicos para procesar drogas procedentes de Colombia y Alemania.

Durante los gobiernos de Manuel Zelaya y Porfirio Lobo eran frecuentes los aterrizajes en pistas clandestinas de avionetas cargadas de droga en comunidades de los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía, Atlántida Yoro y Olancho, en el Caribe, norte y oriente del país centroamericano.

Hernández, quien ha venido reiterando que la lucha contra el narcotráfico en su país y Centroamérica debe ser una "responsabilidad compartida" con Estados Unidos, porque ese país es el principal consumidor de droga, considera que aunque se han dado "duros golpes" a los traficantes de droga, "no es suficiente".

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El gobernante también ha dicho en Tegucigalpa y Washington que el problema del narcotráfico en su país y el resto de Centroamérica es de "vida o muerte", porque muchas personas mueren a causa de la droga, mientras que para Estados Unidos, el mayor consumidor, solamente "es un asunto de salud".

La lucha emprendida por Honduras contra las drogas ha incluido este año el aseguramiento y la incautación de propiedades de supuestos narcotraficantes como haciendas, residencias de lujo, avionetas, helicópteros, armas, vehículos, un zoológico y dinero en efectivo, entre otros bienes.

Además, una reforma a la ley ha permitido, entre mayo y octubre pasados, la entrega de al menos dos presuntos narcotraficantes hondureños a Estados Unidos, que los acusa de haber introducido drogas a ese país.

Estados Unidos tiene en lista más de una decena de supuestos narcotraficantes hondureños que estarían siendo entregados por la justicia del país centroamericano, donde durante mucho tiempo los traficantes de droga actuaron sin que ninguna autoridad les persiguiera, aun cuando sabían cómo y dónde operaban.

Según fuentes del poder judicial, Estados Unidos reclama alrededor de una veintena de hondureños para juzgarlos por introducir droga a ese país.

Hernández dijo a finales de noviembre que la extradición de narcotraficantes "ya no debe de causar asombro" entre los hondureños porque eso ha pasado a ser "algo normal y enmarcado en ley".

La frase de Hernández de que a los narcotraficantes en su país "se le acabó la fiesta" parece estar cumpliéndose, aunque en asuntos de seguridad ciudadana el gobernante no ha conseguido los logros que esperaba.

El país sigue registrando altos índices de criminalidad, unas catorce muertes violentas diarias, según la Secretaría de Seguridad, aunque en 2013 el promedio era de 20.

El pasado día 3, la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por la defensa del supuesto narcotraficante José Inocente Valle y su esposa Marlen, Griselda Amaya, también reclamados por Estados Unidos, que además los acusa de ser parte de la banda conocida como los Valle Valle.

La lucha contra el narcotráfico en Honduras no ha sido fácil porque entre otros factores adversos ha habido miembros de la Policía y el Ejército ligados a los mismos traficantes de droga.

Los narcotraficantes durante mucho tiempo hicieron de Honduras un paraíso blanco, a base de cocaína, en el que operaban y hacían circular la droga de oriente a occidente del país para hacerla llegar a Estados Unidos, sin que ninguna autoridad los "viera".