Lima.- Los países del Grupo de Lima expresaron su condena a las recientes acciones de represión contra diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y repudio a los intentos de manipulación para perseguir y reprimir a la disidencia política en ese país.

Mediante un comunicado, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, integrantes de dicho grupo, también calificaron de ilegal y arbitraria la detención del diputado venezolano Juan Carlos Requesens.   

Los diputados Requesens y Julio Borges han sido acusados por el gobierno venezolano de ser cómplice del atentado perpetrado contra el presidente de Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.

El Grupo de Lima, asimismo, rechazó firmemente la violación del debido proceso penal y de las internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos durante la captura, sin investigación previa, de Requesens.

Igualmente condenó la orden de captura emitida contra el diputado venezolano, Julio Borges, en abierta violación a sus fueros parlamentarios y a las garantías e inmunidades previstas en la Constitución de Venezuela y en instrumentos internacionales aplicables. 

Estos países expresaron su profunda inquietud por la utilización de las instituciones de seguridad y justicia del Estado venezolano para perseguir a los opositores políticos.

 “Lo que evidencia una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo venezolano”, señalan en el comunicado. 

El Grupo de Lima hizo un exhorto urgente al gobierno de Venezuela para que se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente de los hechos producidos el pasado 4 de agosto. 

También, reiteran su profunda preocupación por la situación de todos los presos políticos en Venezuela y exigen su inmediata liberación, haciendo un urgente llamado a las autoridades venezolanas para que se respeten las garantías y libertades políticas de todos los ciudadanos venezolanos, así como la convocatoria de elecciones libres, transparentes y democráticas.

Finalmente reiteran que sólo los venezolanos pueden encontrar la solución para la grave crisis que afecta a ese país hermano y reafirman su compromiso de seguir tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela.