El Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río de Janeiro instó al gobierno a que investigue un posible cártel que, en su opinión, estaría formado por las cuatro principales contratistas de obras públicas del país: Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa y OAS.

Río de Janeiro. El Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río de Janeiro, que coordina varias de las protestas contra el Mundial Brasil 2014, denunció este viernes que sólo cuatro empresas brasileñas acapararon la mayoría de contratos de obras públicas para el evento y que hay indicios de formación de cártel.

Las denuncias fueron hechas durante la presentación del tercer informe "Megaeventos y Violaciones de los Derechos Humanos" en la que justificaron su decisión de liderar las protestas contra el Mundial por los supuestos desvíos de recursos públicos que, alegan, se produjeron durante la organización del evento.

La organización social instó al gobierno a que investigue un posible cártel que, en su opinión, estaría formado por las cuatro principales contratistas de obras públicas del país: Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa y OAS.

"No estamos asegurando que haya un cártel formado, pero sí decimos que hay fuertes indicios de ello", aseguró João Roberto Lopes, uno de los representantes del movimiento.

"Decimos que los indicios son fuertes porque están en todo (los contratos de obras para el Mundial) y porque aparecen juntas en varias obras y están junto con un grupo que es dueño de varias empresas de transporte, que es el que es socio de todas en diferentes proyectos", comentó.

El informe presentado este viernes es el tercero realizado por este comité, los anteriores son de 2011 y 2012, y está elaborado por colectivos, movimientos sociales, institutos de investigación y representantes de comunidades que participan en el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río.

En el documento denuncian los problemas provocados por los grandes eventos como el Mundial y los Juegos Olímpicos sobre la ciudadanía.

En él también abordan otros asuntos derivados de la organización del Mundial, como por ejemplo el desalojo de familias debido a las obras que se están realizando y que afecta, según los datos publicados en el informe, a cerca de 10.000 familias que ya han sido expulsadas de sus casas o que están amenazadas de tener que hacerlo.

"No estamos en contra de los eventos deportivos, pero provocan que se lleven a cabo medidas cuestionables", afirmó Giselle Tanaka, miembro del comité, quien también aseguró que "por eso, la población se echó a la calle en el pasado y, por eso, iremos a la calle durante el Mundial".

Otro de los temas que se abordan en este informe es el aumento del precio de la vivienda, ya que, según el dossier, entre abril de 2011 y el mismo mes de 2014 el precio de los alquileres subió un 43,3% mientras que el aumento del precio de compra de viviendas aumentó un 65,2% en el mismo periodo.

"Río de Janeiro se está volviendo una ciudad cada vez más cara y desigual, y el carioca también sufre a la hora de pagar la cuenta en los restaurantes", destaca el informe, que también se refiere al aumento de los precios en esos establecimientos.

En este dossier también están documentadas cuestiones relativas a políticas de residencia, movilidad, deporte, medioambiente, seguridad pública, información y participación y presupuestos y finanzas en el contexto de los grandes eventos que acogerá o de los que formará parte Río de Janeiro.