El Congreso de Guatemala aprobó este martes por la noche una ley de extinción de dominio que adjudicará a favor del Estado las propiedades y bienes que provengan de actividades ilícitas, como el narcotráfico.

Tras varios meses de discusiones, los congresistas votaron la legislación en medio de presiones de grupos sociales y de supuestas amenazas de muerte anónimas que recibieron esta semana algunos diputados por medio de mensajes de texto a sus celulares.

"Logramos una expresión concreta y especifica de que este país no va a tolerar que florezca el crimen organizado. Por fin ponemos una presa fuerte contra la corrupción", dijo a Reuters Mariano Rayo, diputado opositor y proponente de la ley.

El legislador explicó que el Estado tendrá la facultad de sacar provecho propio de los bienes y propiedades que provengan de actividades ilícitas, o cuando exista un aumento injustificado del patrimonio de una persona.

La ley se aplicará siempre y cuando exista un fallo judicial en contra del acusado.

El gobierno también podrá donar lo decomisado a instituciones benéficas o bien subastarlo para obtener recursos económicos, agregó Rayo.

La aprobación se da en el marco de una visita de 24 horas del secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, quien advirtió que su país no apoyaría a naciones que no tienen voluntad de solucionar los problemas relacionados con el crimen organizado.

Guatemala y el resto de los países de Centroamérica luchan por contener la presencia de los cárteles de la droga mexicanos, que han intensificado sus actividades en la región en los últimos años ante la campaña militar lanzada en su contra por el gobierno de México.