El siguiente paso de la estrategia de la defensa para lograr su objetivo es que la jueza Jazmín Barrios, titular del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, quede fuera del proceso porque "ha incurrido en ilegalidades", según el abogado Danilo Rodríguez.
Guatemala, EFE. La defensa del general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt, procesado por genocidio y crímenes de guerra, esta empeñada en detener el histórico juicio que inició la semana pasada y que continuará el próximo lunes, luego de que el tribunal lo suspendiera este lunes por el descanso de Semana Santa.
El siguiente paso de la estrategia de la defensa para lograr su objetivo es que la jueza Jazmín Barrios, titular del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, quede fuera del proceso porque "ha incurrido en ilegalidades", según el abogado Danilo Rodríguez.
El letrado, quien el lunes retomó la defensa de Ríos Montt tras fracasar en las tácticas dilatorias que emprendieron el pasado 19 de marzo cuando inició el juicio, al "abandonar" a su cliente para que el tribunal suspendiera el proceso, cree que eso es posible.
"El tribunal ha incurrido en ilegalidades que terminarán en la nulidad del debate y la repetición del mismo", dijo a los periodistas tras concluir el martes la sexta jornada del proceso.
Los testimonios del más de medio centenar de supervivientes que han relatado al tribunal las brutalidades sufridas a manos del Ejército comandado por Ríos Montt entre marzo de 1982 y agosto de 1983, tienen sin cuidado a los defensores del anciano general.
Las víctimas "tienen derecho a que se sepa la verdad", dice Rodríguez, quien mientras ocurrieron esos hecho militaba en una organización guerrillera.
Las evidencias de las matanzas colectivas, violaciones sexuales, torturas, robos y demás crímenes sufridos por los indígenas ixiles no son cuestionados por los defensores de Ríos Montt, quien gobernaba de facto el país cuando se perpetraron esos hechos.
Lo que les aflige, y es por lo que pretenden detener el juicio o alargarlo con todas las argucias legales a su alcance, es que el tribunal llegue a concluir que sí hubo genocidio en el país, y que Ríos Montt, a sus 86 años de edad, sea condenado y enviado a prisión.
"No se puede probar la intención de destruir al grupo Ixil, ni que el presidente (Ríos Montt) intervino en las operaciones militares", asegura Rodríguez.
El abogado, al igual que el mismo Ríos Montt, el presidente Otto Pérez Molina, el poderoso sector empresarial y diversos grupos de la derecha del país, reconoce que durante la guerra de 36 años (1960-1996) que padeció Guatemala hubo "excesos", pero niega con ahínco que haya habido genocidio.
Por más de 15 años, organizaciones de supervivientes y familiares de las víctimas, apoyados por grupos de derechos humanos, investigadores independientes y la Fiscalía, trabajaron para juntar las pruebas que demostraran lo contrario.
Dentro de este proceso, en el que también es enjuiciado el general retirado José Rodríguez, quien fue jefe de Inteligencia Militar durante el Gobierno de Ríos Montt, la Fiscalía logró determinar la muerte a manos del Ejército de 1.771 indígenas ixiles en 17 diferentes matanzas colectivas.
Aunque los supervivientes aseguran que los ixiles muertos a manos de los soldados superan los 5.000, la Fiscalía solo logró documentar esa cifra, la cual considera suficiente para demostrar que la intención del Ejército era "aniquilar" a ese grupo étnico, por considerarlo "enemigo del Estado" por ser potencial colaborador de los grupos guerrilleros.
Juan Francisco Soto, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, uno de los grupos que participan como querellantes en contra de los acusados, espera que las argucias de la defensa no tengan resultado, y resalta la valentía con que ha actuado el tribunal.
La jueza Barrios "ha actuado con valentía", y ha logrado solventar los obstáculos que los defensores de Ríos Montt y Rodríguez han interpuesto desde antes del inicio del juicio, dijo a los periodistas Soto.
Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y principal encargado de la acusación, está seguro de que el resultado del juicio será una sentencia condenatoria.
"Se van a probar los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad (como tipifica la legislación guatemalteca a los delitos de lesa humanidad)" cometidos en contra de los indígenas ixiles, señaló López.
El histórico juicio, el primero en contra de un exjefe de Estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la población civil no combatiente durante la guerra, se reanudará el próximo lunes con la comparecencia del resto de testigos de cargo propuestos por la Fiscalía.
