Ciudad de Guatemala. Policías y soldados de Guatemala realizaron operativos en varias localidades del norte del país un día después de que el gobierno decidiera suspender las garantías constitucionales por 30 días, tras la masacre de 27 campesinos.

El decreto, publicado la noche del lunes, permite a las fuerzas de seguridad inspeccionar cualquier lugar y arrestar sospechosos sin una orden judicial en el norteño departamento de Petén, cercano a la frontera con México.

"Se han llevado a cabo varios allanamientos durante el transcurso del día de hoy en búsqueda de algún ilícito en algunos lugares," dijo a Reuters Rony Urizal, portavoz del Ejército guatemalteco.

La ejecución de 27 campesinos en el pequeño pueblo de Caserío La Bomba durante el fin de semana es considerada una de las peores masacres registradas en el país en años. Muchas de las víctimas recibieron tiros y fueron decapitadas.

Funcionarios del Gobierno responsabilizaron de la masacre al cruento cártel mexicano de Los Zetas, que ha ganado fuerza en la región norte de Guatemala.

La policía capturó a un presunto integrante de Los Zetas el lunes, tras una balacera en Petén.

Por la violencia, Guatemala declaró la suspensión de las garantías constitucionales entre diciembre del 2010 y febrero de este año en el departamento de Alta Verapaz, vecino a Petén.

Los operativos durante ese lapso dejaron como saldo el arresto de 40 presuntos narcotraficantes y la incautación de armamento y vehículos.