Manuel Antonio Hernández, perito del Ministerio Público, expuso que en el 2001, durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, el Ejército recibió Q710 millones (US$89,6 millones) más de lo que le aprobaron para su funcionamiento.

En un año, el ministerio de la Defensa se benefició con el incremento a su presupuesto de transferencias de otras entidades, según una auditoría efectuada por el Ministerio Público (MP), que se expuso ayer durante el juicio que se desarrolla contra los militares retirados Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, acusados del desvío de Q30 millones (US$3,7 millones), del total de Q120 millones (US$15,1 millones) en el desfalco de ese ministerio.

Manuel Antonio Hernández Batres, perito del MP, expuso en el Tribunal Segundo de Sentencia que lleva el juicio, que en el 2001, durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, el Ejército recibió Q710 millones (US$89,6 milones) más de lo que le aprobaron para funcionamiento.

Es decir, ese año le fueron asignados Q836 millones (US$105,6 millones), pero al trasladar fondos de otras instituciones terminó con Q1 mil 546 millones (US$195,2 millones).

Sin embargo, las transferencias no fueron la única modalidad para que en el Ejército creciera el presupuesto.

El perito explicó que al revisar la documentación de la erogación presupuestaria de Defensa, encontró que en el 2001 se emitieron 79 certificaciones que amparaban gastos clasificados como “secretos”.

Asimismo, al requerir la documentación que respaldaba esos gastos, únicamente halló fotocopias de facturas y contratos, por lo que para el perito la documentación no es evidencia comprobatoria de auditoría.

También se demostró la sustracción de Q120 millones, que supuestamente iban a ser utilizados para la compra de vehículos, llantas y suéteres militares, y para ello se emitieron cinco certificaciones como secreto militar para el egreso del dinero, aunque en ningún momento se adquirieron esos materiales.

De este monto se desprenden los Q30 millones que también el perito logró establecer que fueron a parar al Crédito Hipotecario Nacional, por lo que los dos militares retirados son acusados de peculado, ya que según el MP ellos trasladaron ese dinero a la entidad bancaria.