Ciudad de Guatemala. El gobierno guatemalteco quiere evitar sentarse en el banquillo de acusados en un arbitraje promovido por Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio (CAFTA, por sus siglas en inglés), ya que prepara cambios en leyes laborales, una medida que podría aplacar la furia de las organizaciones sindicales que demandaron al país ante la Casa Blanca.

En los tribunales, Guatemala se expone a sanciones de hasta US$15 millones, así como restricciones a las exportaciones. Un arbitraje también deterioraría la imagen de los productos del país.

Carlos Machado, ministro de Trabajo, dijo al matutino El Periódico que reformarán el Código de Trabajo para otorgarle facultades a los inspectores para sancionar a las empresas cuando existan violaciones laborales.

De esta manera, la sanción por vía administrativa recortará el proceso de acudir a juzgados para iniciar un recurso de incidente, cuya resolución toma hasta meses.

Otra reforma establecerá una fianza de cobertura a indemnizaciones y otras prestaciones para proteger a los trabajadores en caso de cierre de la empresa, dijo Érick Coyoy, ministro de Economía.

El sector textil recibe las reformas con escepticismo. Alejandro Ceballos, directivo de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), dijo que es inconstitucional que un inspector establezca multas.

Ceballos afirmó que las compañías tienen derecho de acudir a un juzgado de trabajo. Además criticó que los inspectores podrían ser corruptibles.

En abril de 2008, la Federación Americana del Trabajo –Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés) y seis sindicatos nacionales denunciaron a Guatemala por violación al capítulo 15 del CAFTA. Esto inició un proceso de investigación por parte de la Casa Blanca.

Hillary Clinton, secretaria de Estado estadounidense, anunció hace una semana que entablaría un proceso de solución de controversias, ya que Guatemala ha respondido insatisfactoriamente.