Varios cuestionamientos ha recibido el presidente Otto Pérez Molina por promover la querella penal el 21 de noviembre pasado contra el presidente del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín.

Varios sectores criticaron la decisión del mandatario Otto Pérez Molina de presentar una denuncia contra el presidente del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, y el arraigo que emitió el Juzgado Décimo de Instancia Penal.

Pérez Molina promovió la querella penal el 21 de noviembre pasado, y el juez José Luis Patán Piché decretó arraigo contra Zamora Marroquín.

La acción fue presentada el mismo día en que la vicepresidenta Roxana Baldetti inició un proceso por violencia contra la mujer contra Marroquín Zamora, dijo el juez Patán Piché.

De acuerdo con el memorial redactado por el abogado Julio Mario Echeverría González —quien representa al presidente—, Pérez Molina actúa en calidad personal, como ciudadano.

Señalamientos. En la querella, el presidente de elPeriódico es señalado de cuatro delitos: coacción, extorsión, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los organismos del Estado.

Echeverría González —quien ha formado parte de la junta directiva del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón)— explicó que “el desacato no puede aplicarse cuando se trata de un periodista. Zamora Marroquín es demandado como particular”.

La figura de desacato desapareció desde que los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal fueron derogados.

Para los responsables de ese delito se establecía prisión. Esto, a pesar de que el artículo 35 de la Constitución en el párrafo segundo estipula: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas, ataques o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas, aun y cuando hubieren cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Consultado Echeverría González, manifestó: “La querella está formulada sobre la base de que es la persona en particular —Zamora Marroquín— que se ha excedido en sus funciones y le ha faltado el respeto en relación a su trabajo y su vida personal —a Pérez Molina—”.

Echeverría González negó que se trate de ataque alguno contra Zamora Marroquín como periodista.

Sin embargo, en los argumentos de la denuncia se esgrime que Zamora Marroquín con sus escritos “desestimula la inversión en el país y llama al irrespeto a las autoridades que gobiernan la Nación”.

El “ciudadano” Pérez Molina señaló como dirección para recibir notificaciones la Casa Presidencial.

Cuando se le cuestionó a Echeverría González que los argumentos se refieren a Pérez Molina en su función como presidente, se excusó de ampliar la explicación, “a riesgo de ser atropellado por un vehículo”, según dijo por teléfono, y cortó la llamada.

“ El presidente tiene una investidura de la cual no puede despojarse; durante el tiempo que dure su período, no le está permitido litigar en casos particulares”, explicó el jurista Carlos Velásquez.

El abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac aclaró que, en efecto, el delito de desacato ya no está vigente en la ley después de una sentencia emitida el 1 de febrero del 2006 por la Corte de Constitucionalidad.

El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Quesada Fernández dijo que el juez debe dirimir si las críticas de Zamora Marroquín están relacionadas con actos oficiales en el ejercicio de sus funciones. Para otros casos existe la figura de “delitos contra el honor”, que nada tienen que ver con el ataque a la integridad del Gobierno argumentada en la querella.

Echeverría González ofreció enviar por correo electrónico un texto con su postura, que nunca remitió.

En la primera ocasión, cuando se le requirieron los documentos presentados al Juzgado Décimo Penal, se excusó de tener que consultar con su “cliente” —el presidente—.

En una segunda conversación telefónica, dijo que “por el difícil trabajo” de su “cliente”, no había podido localizarlo.

El arraigo. Derivado de la querella, Zamora Marroquín fue arraigado. Sin embargo, fuentes migratorias consultadas por Prensa Libre explicaron que a la Dirección de Migración llegaron dos arraigos. Ambos fueron emitidos por el Juzgado Décimo Penal.

La primera resolución fue recibida el 27 de diciembre contra “José Rubén Zomora Marroquín”, y una segunda el 7 de enero, contra “José Rubén Zamora Marroquín”, esta última hace efectiva la disposición judicial.

Acoso judicial. Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión (ONU), consideró que el acoso judicial solamente se promueve “en los países con gobiernos autoritarios, donde se utiliza a la justicia más bien como una forma de intimidación contra la Prensa”.

Indicó que durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se planteó que la protección a los periodistas debe ser física contra ataques, y legal, para erradicar la impunidad en las investigaciones emprendidas por periodistas.

“Guatemala está demostrando todo lo contrario, porque son funcionarios de Gobierno de más alto nivel quienes están planteando actos intimidatorios a través de la ley ”, añadió el relator.

“Es indignante que los dos funcionarios de más alto rango en Guatemala estén utilizando a la justicia para impedir que un periodista publique críticas sobre su gobierno”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York.

Pérez Molina omitió dar declaraciones. En tanto que Zamora Marroquín agradeció el apoyo, pero evitó pronunciarse.

Fundamentar una querella en normas derogadas puede significar para un abogado ser denunciado en el tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, aseveró su presidente, Luis Reyes.

En el MP se dijo que no había ninguna acción promovida por Zamora Marroquín contra el binomio presidencial.

Periodista crítico. Jose Rubén Zamora Marroquín ha enfrentado las embestidas de varios gobiernos, por sus publicaciones.

Nació el 19 de agosto de 1956.

Fundador de los diarios Siglo Veintiuno y elPeriódico.

Recibió el premio María Mors Cabot, de la Universidad de Columbia.

Es merecedor del International Press Freedom Awards.

El ex superintendente de Administración Tributaria Marco Tulio Abadío Molina enfrentó un proceso penal por allanamiento ilegal, detención ilegal y robo agravado promovido por Zamora Marroquín.

El 8 de abril del 2013, elPeriódico publicó junto con la directora de la fundación Mepi, Ana Arana, el artículo Un cuento de hadas sin final feliz, que hacía fuertes señalamientos contra la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Después de la publicación contra Baldetti, elPeriódico denunció un ataque constante contra su sitio web.

El recorte de la pautapublicitaria ha desencadenado atrasos en los sueldos de los trabajadores de esa empresa periodística.

Perfil

Juez cuestionado

El juez José Luis Patán Piché formó parte de una lista de 48 jueces que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigó por irregularidades y se analizó retirarle la inmunidad cuando dirigió el Juzgado Segundo Civil.

Patán Piché se graduó de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos, en 1997.

Su tesis abordó el tema de sanciones a jueces del ramo laboral que violan la ley al aprobar convenios contrarios a los derechos de los trabajadores.

En el Organismo Judicial se ha desempeñado como juez de Primera Instancia Penal de Turno. También ocupó el Juzgado Primero Pluripersonal Liquidador, encargado de tramitar los procesos penales anteriores al 2010.

Posteriormente fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia en el Juzgado Duodécimo Pluripersonal Liquidador.

En octubre del año pasado, la CSJ lo nombró juez Décimo Penal.

Cuando fue juez de turno en Mixco, Patán Piche dejó en libertad a familiares de Áxel Danilo Rodríguez, alias el Smiley, vinculados con una banda de extorsionistas.

Casos en el extranjero. Gobiernos de la región también han instruido ataques legales contra la prensa crítica.

En noviembre del 2013, el gobierno de Argentina comenzó el proceso para obligar al grupo mediático El Clarín a desprenderse de varias radioemisoras y televisoras. La Corte Suprema de ese país declaró constitucional una ley que limita el número de licencias que puede tener un mismo grupo económico, la cual busca evitar los monopolios.

En octubre del 2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) multó con US$2.1 millones al canal privado Globovisión, crítico del gobierno de Hugo Chávez, por el tratamiento que dio a una crisis penitenciaria en esa época.

En febrero del 2012, Rafael Correa, presidente de Ecuador, multó al diario El Universo con US$40 millones, por supuestas publicaciones injuriosas, en las cuales se mencionaba que ordenó disparar contra un hospital durante una huelga policial.

SIP enviará misión. Consultado respecto del caso del periodista Jose Rubén Zamora, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reveló: “Se está preparando una misión de la SIP, que llegará a Guatemala en febrero para analizar in situ toda la situación y hablar con todas las partes. Esto, porque nos preocupa mucho la situación”.

Destacó el hecho de que Guatemala es el único país en Latinoamérica donde un binomio presidencial, en distintas instancias, acusa a un periodista.

“En este marco, sin duda, uno tiene que concluir que todo esto, publicidad oficial negada y juicios del presidente y la vicepresidenta, suponen que efectivamente es un intento por acallar una voz, que será muy crítica, pero que es una voz que tiene todo el derecho de expresarse en una democracia”, dijo Paolillo.-Por Carlos Álvarez