Bogotá. La mayor guerrilla izquierdista de Colombia reiteró este miércoles su disposición a iniciar un diálogo de paz con el gobierno, pero sin condicionamientos, a lo que el presidente Juan Manuel Santos respondió que sólo lo hará si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suspenden los ataques terroristas.

Las posiciones encontradas han impedido avanzar en cualquier negociación que incluya el cese de ataques y la liberación de rehenes en manos de la guerrilla, mientras que en las últimas semanas han recrudecido los enfrentamientos y muertes violentas tanto de rebeldes como de fuerzas militares.

Las FARC insistieron en su disposición "para conversar con el actual gobierno y encontrarle una salida política al conflicto social y armado que vive el país, pero sin ningún tipo de condicionamiento".

Pero Santos ratificó desde Nueva York, en donde asiste a la Asamblea de Naciones Unidas, que mantendrá su posición de no dialogar mientras cometan ataques terroristas.

"Yo lo he dicho claramente, para cualquier diálogo se requiere que dejen de hacer terrorismo; en eso no cabe la menor duda, no cabe la menor interpretación diferente a lo que esas palabras quieren decir", afirmó, según un despacho de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

"Tienen que dejar de hacer terrorismo si quieren algún diálogo. Si no dejan de hacer terrorismo, nosotros seguiremos aplicando toda la presión militar, como lo estamos haciendo y los seguiremos haciendo", advirtió Santos.

Las FARC lanzaron en las últimas tres semanas una ofensiva, en algunas zonas con el apoyo del segundo mayor grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que en reacción las Fuerzas Armadas intensificaron los bombardeos y ataques contra la guerrilla en áreas selváticas y montañosas.

En ese período han fallecido al menos 82 personas entre efectivos del Ejército, la Policía y guerrilleros.

Uno de los ataques del grupo rebelde causó la muerte de 14 policías que quedaron calcinados, hecho rechazado con fuerza por el gobierno pero sobre el cual las FARC negaron el miércoles que hayan sido incinerados intencionalmente.

De acuerdo con analistas y el gobierno, con la ofensiva, las FARC, acusadas de obtener millonarios ingresos del tráfico de cocaína, buscan demostrar su poder militar y presionar al gobierno de Santos para iniciar un diálogo de paz.

El mandatario, quien asumió el poder en agosto, ha condicionado una negociación con la guerrilla a que liberen a los secuestrados, suspendan sus hostilidades y anuncien su voluntad de deponer las armas y reintegrarse a la vida civil.

El grupo rebelde criticó la posición del gobierno, la calificó de "inaceptable, arrogante y triunfalista" y dijo que sólo pretende sentarse con una guerrilla derrotada.

"Lo que el presidente está exigiendo para conversar deberá ser el resultado de un acuerdo de paz y no la condición previa al diálogo", precisó en la página de Internet www.anccol.eu

Respecto a la muerte de los 14 policías, el gobierno acusó a las FARC de actuar con sevicia, de violar el Derecho Internacional Humanitario y anunció una demanda contra el grupo rebelde ante organismos internacionales.

"Los agentes de la policía incinerados en la emboscada del Doncello, Caquetá, fue ocasionado por el incendio, resultado del efecto de la explosión sobre la gasolina del vehículo y no un hecho intencional y perverso de la guerrilla", dijeron las FARC.

El grupo guerrillero activo más antiguo del hemisferio, calificado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuestionó al gobierno por reclamar la muerte de efectivos de sus Fuerzas Armadas y de celebrar con "sus partes de victoria" las bajas de combatientes rebeldes durante bombarderos.

Las FARC advirtieron que mientras se mantenga la confrontación, se seguirán presentando acciones ofensivas.

"Mientras haya guerra, habrán actos de guerra de parte y parte", dijeron las FARC, que aún mantienen presencia en apartadas zonas selváticas y montañosas así como capacidad de realizar ataques de gran impacto.

La guerrilla aguantó una ofensiva militar que lideró el ex presidente Alvaro Uribe -con apoyo de Estados Unidos- que debilitó al grupo guerrillero con la muerte de varios de sus comandantes y la deserción de miles de combatientes.