Lima. La hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori se unió el martes oficialmente a la carrera presidencial del 2011, prometiendo ante cientos de seguidores una segunda generación de reformas con las que llevará el arrollador crecimiento económico hasta los más pobres.

La popular legisladora de 34 años -una de las tres favoritas en los sondeos de opinión- oficializó su aspiración presidencial en un barrio pobre de Lima, no muy lejos del penal donde está apresado su padre por abusos a los derechos humanos cometidos durante su gobierno en la década de 1990.

"Trabajar las reformas de segunda generación, tenemos que lograr que el Estado esté cerca del pueblo (...) Perú está creciendo pero aquí, en Huaycán, tan cerca pero tan lejos a la vez, no vemos que este crecimiento haya llegado", dijo Keiko Fujimori en medio de vítores.

"Nuestro compromiso es trabajar por todos los peruanos, pero sobre todo por los más pobres", afirmó Fujimori vestida de camiseta blanca y jean.
Pese a la ágil expansión económica y a una sustancial reducción de la pobreza durante el Gobierno del presidente Alan García, más de una tercera parte de la población aún es pobre.

Perú anotaría este año un candente crecimiento de un 8,5%, una de las tasas más altas del mundo.

En el más reciente sondeo de la encuestadora Datum, el ex mandatario Alejandro Toledo lidera las preferencias con un 26%, seguido por Fujimori con un 22%.

En el tercer puesto arribó el pragmático ex alcalde de Lima Luis Castañeda con un 21%.

Más seguridad. Muchos peruanos reconocen al ex presidente Fujimori por haber encausado la economía local y derrotado con su mano dura a la guerrilla que asoló al país en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, analistas dicen que Keiko Fujimori también deberá luchar para desprenderse de la sombra de su padre, condenado a 25 años de prisión por la muerte de 25 personas durante la guerra sucia contra la guerrilla izquierdista.

En el tema de la seguridad, Keiko Fujimori prometió ser dura y rechazó otorgar durante un eventual gobierno suyo beneficios a los condenados por terrorismo.

"Todos recordamos con gran indignación los momentos tan terribles que vivimos cuando el terrorismo acechaba y nos quitaba la paz, por eso ratifico mi compromiso de no liberar a terroristas, de no darles beneficios", afirmó Fujimori.

Para ello, se alió a Rafael Rey, visto como un conservador y ex ministro de Defensa del presidente García.

Rey, un ferviente católico, también se enfrentó al Ministerio de Salud por entregar la píldora del día siguiente y promovió una polémica ley que permitía cerrar procesos largos a militares y policías acusado de delitos de lesa humanidad.

Muchos coinciden en que durante el apogeo de la guerrilla tanto los militares y policías como los rebeldes cometieron atrocidades que dejaron unas 69.000 personas muertas o desaparecidas, según cifras oficiales.