Santiago. El hijo de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el ex director sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos, llegó este lunes al Ministerio Público, en la ciudad sureña de Rancagua, para prestar declaración en el marco de una indagación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El ex funcionario de gobierno accedió a prestar declaración en medio de fuertes medidas de seguridad por el denominado caso Caval, el nombre de una empresa de su mujer, Natalia Compagnon, y cuyo negocio inmobiliario tiene sumido al segundo gobierno de Bachelet en una profunda crisis política.

Compagnon y Dávalos gestionaron personalmente un millonario préstamo de US$13 millones, tramitado ante el propio presidente del Banco de Chile.

Andrónico Luksic, una de las mayores fortunas del país, los días previos y posteriores a la elección de su madre como jefa de Estado, en un negocio que culminó en una lucrativa transacción vía especulación inmobiliaria.

Los cuestionamientos surgieron porque la micro empresa logró reunirse con el presidente de la entidad bancaria, tramitó un millonario préstamo que excede largamente los US$3.000 que informó el pequeño emprendimiento como activos, lo que se suma al hecho que fue aprobado días después de la elección de la jefa de Estado.

El dinero fue destinado a un negocio inmobiliario que entregó a la pareja unos US$6 millones en utilidades y sobre el cual también pesan dudas respecto a un eventual uso de información privilegiada.

Ante el revuelo que desató el caso, Dávalos renunció a su puesto como director Socio Cultural de la Presidencia, una función similar a las de Primera Dama.

La oposición presentó sendas acciones judiciales lo que abrió una investigación judicial.

El pasado viernes declaró la nuera de Bachelet, quien según trascendidos en la prensa local, señaló que las utilidades de la empresa por el cuestionado negocio debían repartirse en partes iguales con reconocidos operadores políticos del principal partido de oposición, el derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), sugiriendo de paso una eventual operación política mayor para perjudicar políticamente a Bachelet.

El caso Caval ha sido relacionado a los denominado casos Penta y SQM, los nombres de un banco y una minera respectivamente, que actualmente indaga también el Ministerio Público.

Dicho caso involucra a destacados políticos de oposición y gobierno bajo la sospecha de financiar sus campañas políticas con dinero de estas empresas, lo que derivado en una crisis de credibilidad del sistema político ante la opinión pública.