La cantidad de guardias privados en Honduras superan los 70 mil elementos, el doble de efectivos que tienen la Policía Nacional y el Ejército juntos, según un estudio hecho por consultores de las Naciones Unidas.

De acuerdo con esos datos, unas 700 empresas de seguridad privada prestan servicio al sector privado.

Cada guardia devenga un salario de entre seis y ocho mil lempiras mensuales (US$299 - US$399) y apenas gozan de los derechos de servicios médicos, a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Según la consultora de la ONU, Patricia Arias, la regulación de las empresas de seguridad privada, que corresponde a la Secretaría de Seguridad, “resulta insuficiente y muy débil” para ejercer el control sobre las registradas en forma regular y las ilegales, cuyo fin es el lucro.

Arias, junto al equipo de la ONU que trabaja en estudios relacionados con el tema de la seguridad se reunió en Honduras con el presidente Porfirio Lobo, con los directivos y jefes de bancadas del Congreso y con empresarios y líderes de la sociedad civil.

La experta chilena comentó que la existencia de tantas empresas de seguridad entre legales e ilegales “facilita de alguna manera la violación a los derechos humanos y el sometimiento de las personas, entre otros atropellos, incluso las violaciones sexuales de mujeres en la zona del Bajo Aguán, en la costa norte hondureña”.

En el Bajo Aguán tiene lugar desde hace cinco años un conflicto entre campesinos que reclaman tierras y empresarios agrícolas. Allí se han registrado más de 70 muertes violentas, en su mayoría labriegos. El resto de víctimas mortales han sido guardias de empresas de seguridad privada, señaló Arias.

Los estudios destacan que debido a que las instituciones estatales no garantizan la seguridad de los bienes y de las personas, el sector de la seguridad privada ha crecido exponencialmente, superando en número a la fuerza policiales, con unos 12.000 miembros. Las Fuerzas Armadas de Honduras disponen de alrededor de otros 12.000 soldados.

La relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, de acuerdo con las Naciones Unidas. La mayoría de los propietarios de esas empresas son exoficiales de la Policía y del Ejército.

Arias mostró su preocupación por la existencia de más de un millón de armas en manos de los hondureños, lo que contribuye a la ola de violencia que sacude a Honduras, donde se registran al menos 19 muertes al día.

La ONU expresa que otro problema que demanda respuestas urgentes es la falta de investigación y la aplicación de la justicia, ya que muchos crímenes quedan impunes en Honduras.

Las “violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada no son investigadas, no se procesa a los autores y las víctimas no tienen acceso a una justa reparación”, aseguró la consultora.

En su visita a Honduras, la misión de la ONU recomendó al gobierno, entre otras cosas, dotar de los recursos apropiados y capacitar a la Policía, para que cumpla su función de garantizar la seguridad pública a los 8,3 millones de habitantes.