El tráfico ilegal de armas, especialmente las de tipo militar, es preocupante porque a través de esta forma grupos ilegales estarían preparándose para desatar conflictos armados de grandes proporciones, entre los cuales estarían las guerras urbanas.

Así visualizó este problema la abogada Reina Rivera Joya, en estudios realizados sobre el tema de violencia y seguridad ciudadana en Honduras y Centroamérica.

La Unidad Investigativa de El Heraldo reveló, a comienzos de esta semana, el robo a mediados del año 2010 de 22 lanzacohetes RPG y sus municiones de las bodegas del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (Calffaa).

Pero este no es el único caso que demuestra la vulnerabilidad de esta institución castrense. De 3.000 AK-47 que la población hondureña entregó como parte de un plan de desarme voluntario en 2003, y que fueron depositadas en bodegas militares; a finales del año pasado la institución castrense solo dio cuenta de 1.615 armas, manteniendo un silencio sobre el paradero de las restantes 1.385 AK-47.

Asimismo, el 1 de noviembre del 2010 el mundo conoció una noticia insólita, los delincuentes se robaron una narcoavioneta de las instalaciones de la base Aérea Armando Escalón, en San Pedro Sula.

El 15 de abril del 2005 también en Choloma, Cortés, las autoridades incautaron un arsenal. Las pericias de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), de Estados Unidos, establecieron que una parte del decomiso provenía de un armamento depositado en el batallón de Naco, así como de lotes propios de las Fuerzas Armadas. También había de otros destinos.

Lo mismo resultó con los análisis de otro arsenal decomisado en agosto de 2004 en una casa de Pedro García Montes, en el Zamorano. Las armas provenían de lotes bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, según el análisis de los expertos.

También había armas de otra procedencia. Sobre todos estos casos las máximas autoridades militares mantienen un silencio cómplice, y todos los hechos están en la impunidad.

El designado presidencial Víctor Hugo Barnica dijo que las instituciones del Estado deben investigar cuanto antes el robo de armas peligrosas en las Fuerzas Armadas, como lo denunció El Heraldo.

“Eso tiene que tocarse a fondo porque no es la primera vez que sucede y las explicaciones de las pérdidas de las armas anteriores no se han dado, y preocupa porque estas son armas de alto poder que le pueden volar un vehículo aún con el blindaje.

El extravío en el Calffaa “tiene que investigarse y tocarse a fondo. Este no es el único tema que se ha ido quedando en el olvido”, dijo el designado presidencial.

Amenaza. En estos últimos tiempos se han escuchado estos escándalos de “Rápido y furioso”, del desvío de armas nacionales, por ejemplo del ejército de Guatemala y de Honduras. Han habido escándalos fuertes alrededor de tráfico y de armas de las bodegas militares, establece en un análisis Rivera Joya.

Considera que por el rol de las Fuerzas Armadas, “el equipo que poseen no son armas convencionales, no son armas pequeñas, de uso individual, son armas de ataque, armas para conflictos bélicos”.

“En nuestro país se han encontrado y detectado armas procedentes de lotes robados del Ejército de Guatemala y de Honduras. En otros países también se han incautado armas hondureñas. Preocupa la situación porque estamos hablando de que grupos de ilegales se están armando con equipos para verdaderas guerras, en este caso para guerras urbanas”, plantea la analista.

Debilidad y corrupción. El tráfico ilegal de armas nacionales “muestra la capacidad de estas instituciones de darnos seguridad a los ciudadanos, de que sus bodegas y sus establecimientos realmente no son seguros. Lo primero que nos refleja es una tremenda debilidad institucional para resguardar su propio equipo”.

También devela una corrupción y colusión institucional a gran escala porque no son equipos que se los lleva una persona común y corriente o en un vehículo corriente. “Igualmente, está la amenaza de las potenciales guerras urbanas entre grupos ilegales a los cuales llegan esas armas que pueden desatar conflictos de grandes proporciones”.

Además, “estos armamentos pueden avivar conflictos en otros países, entonces Honduras estaría en este caso haciendo una triangulación de armas ilegales, que si bien es cierto no es un tema de voluntad política, pero el país está siendo utilizado para el tráfico ilegal”, establece Rivera Joya.

El comercio ilegal de armas no solamente está avivando el conflicto en Colombia, “vemos que el norte de Centroamérica y México también son áreas de conflicto. El área de circulación y los patrones de destino del tráfico armamentístico han cambiado aceleradamente en los últimos años.

Medidas. En sus estudios, Rivera Joya establece que el tema del tráfico ilegal de armas no ha sido un tema de la agenda del Estado hondureño. Hay ausencia de políticas en esa materia.

De hecho entre los países de Centroamérica, Honduras es el que tiene los controles más débiles y la legislación de armas no es integral, como en otros países. El Salvador y Guatemala han dado pasos muy importantes en su legislación para el control de armas. Honduras está rezagado porque se sigue pensando que el tráfico ilegal de armas es un tema nada más de delitos, sin apreciarlo como un tema de ciudadanía.

Rivera Joya considera que para combatir este problema es necesario un control parlamentario sobre la comercialización y el control de arma. Se debe combatir la impunidad en los casos que ya se conocen.

El Estado debe mostrar mayor eficiencia en la investigación porque se está hablando de que esas personas responsables del tráfico ilegal siguen en las instituciones y son una amenaza a la estabilidad de las mismas. Además se debe triangular información con otros países a manera de hacer un rastreo para ver dónde están las armas robadas y detectar a qué grupos se están alimentando, recomienda la analista.