Tegucigalpa. El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, desoyó mandatos legales de autoridades para cancelar una consulta popular dirigida a impulsar reformas constitucionales, pero el golpe de Estado en su contra que vino después fue ilegal, dijo este jueves una comisión de la verdad.

La comisión también dijo que 20 personas fueron asesinadas, la mayoría por policías y militares, durante la represión que siguió al golpe.

Zelaya, que en el poder pasó de ser un político liberal a un izquierdista declarado, fue derrocado por un golpe militar el 28 de junio del 2009, cuando se disponía a celebrar una consulta popular que abriría paso a la reelección.

Según sus opositores, Zelaya buscaría así perpetuarse en el poder, emulando a su aliado el presidente socialista de Venezuela, Hugo Chávez.

"Se ve claramente que la institucionalidad democrática no fue efectiva para resolver la crisis y evitar la salida violenta de Zelaya Rosales, no por falta de acciones y resoluciones tomadas, sino porque las decisiones de las autoridades fueron desconocidas y no fueron acatadas por el presidente", dijo la comisión.

La Comisión aseguró que en la represión que siguió al golpe, fuerzas policiales y militares mataron al menos 12 personas "utilizando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos" y que otros ocho opositores fueron "asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal de represión".

Zelaya fue sacado de su residencia por militares, en pijama, y llevado a Costa Rica un día antes de que realizara la consulta. El Congreso nombró como su sustituto al hasta entonces presidente del legislativo, Roberto Micheletti, quien se mantuvo en el poder pese a las presiones internacionales y protestas en su contra.

Estas acciones fueron ilegales, dijo la Comisión, encabezada por el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Estein, e integrada por otros tres juristas internacionales y dos hondureños, que presentó el jueves el informe de su investigación al presidente Porfirio Lobo, a jóvenes estudiantes, indígenas, políticos, empresarios y alcaldías.

Veinte asesinatos. El congreso "no tiene atribuciones para destituir al presidente de la república ni para nombrar al sustituto, por lo que colegimos que el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal y que el Gobierno que surge entre el día 28 de junio del año 2009 y el 26 de enero del año 2010, es un gobierno de facto".

El gobierno de facto realizó las elecciones tal como estaban previstas en el calendario electoral y entregó el poder en enero al actual mandatario.

La Comisión aseguró que en la represión que siguió al golpe, fuerzas policiales y militares mataron al menos 12 personas "utilizando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos" y que otros ocho opositores fueron "asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal de represión".

Zelaya regresó al país el 28 de mayo después de unos 16 meses de vivir en el exilio en República Dominicana, lo que posibilitó el camino al retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que el país había sido suspendido tras el golpe de Estado.