Se mantuvieron disposiciones excluyentes en el sentido de que no pueden ser miembros de la Comisión de Reforma personas que hayan pertenecido a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En el Congreso Nacional se abortó un intento de que también las Fuerzas Amadas fueran investigadas en el marco de los procesos de depuración de la Policía, el ministerio Público y el Poder Judicial.
El diputado mocionante, Milton Puerto, retiró su propuesta ante la fuerte oposición que encontró entre los miembros de la comisión dictaminadora y de otros diputados que esgrimieron que el espíritu de la ley era introducir reformas al sistema de seguridad, sobre todo a los operadores de justicia, dentro del cual, dijeron, no se encuentra el estamento militar.
Argumentos como que las Fuerzas Armadas tienen su propio fuero militar y que su ley orgánica tendría que ser objeto de reforma fueron esgrimidos por diputados que son especialistas en la materia penal. Esta fue la única polémica que se generó durante la discusión y aprobación de la Ley que crea la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, que tendrá entre sus principales atribuciones la depuración de la Policía Nacional.
Cabe recordar que el proyecto inicial también contemplaba una iniciativa de fortalecimiento y análisis de las funciones que ha venido realizando el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En la discusión se contempló que de los casos que impliquen la investigación de fiscales sea la Dirección de Fiscalías quien coordine las acciones y en los casos que implique la investigación de jueces que sea la inspectoría de tribunales quien proceda.
El dictamen solo varió en que mientras el proyecto no le daba voz y voto a los miembros extranjeros, la comisión introdujo en el dictamen que tanto los nacionales como los extranjeros van a tener poder de decisión.
Se mantuvieron disposiciones excluyentes en el sentido de que no pueden ser miembros de la Comisión de Reforma personas que hayan pertenecido a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
