Tegucigalpa. Honduras creó el martes una comisión de la verdad que tratará de esclarecer lo ocurrido durante un golpe militar el año pasado contra el ex presidente Manuel Zelaya, que desató una aguda crisis política.

Zelaya, un aliado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue depuesto el 28 de junio cuando se disponía a celebrar una consulta popular prohibida por un juez, que abriría el camino a la reelección presidencial, penada con la destitución de los funcionarios que la promuevan.

Los poderes Legislativo y Judicial, políticos y empresarios críticos del mandatario que alentaron el derrocamiento, aseguraron que Zelaya planeaba perpetuarse en el poder emulando a Chávez. Pero el ex presidente rechazó la imputación y acusó de la acción militar a grupos de poder económico.

"Queremos que la comisión de la verdad permita esclarecer todo lo ocurrido antes y después del 28 de junio y que episodios de este tipo no vuelvan a ocurrir en Honduras", dijo el presidente Porfirio Lobo al aprobarse en el Consejo de Ministros la "Comisión de la Verdad y la Reconciliación".

El grupo, que oficialmente empezará a operar el 30 de abril y presentará un informe dentro de ocho meses, estará integrada por dos comisionados nacionales y tres extranjeros.

La comisión fue formada en cumplimiento a un acuerdo respaldado por Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmado en octubre entre Zelaya y el ex presidente de facto Roberto Micheletti, en busca de poner fin a la crisis política.

No obstante, ese pacto, denominado Tegucigalpa-San José, fue desconocido por el ex mandatario.

El grupo, coordinado por el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, lo integran además el diplomático y jurista canadiense Michael Kergin, la rectora de la universidad estatal de Honduras, Julieta Castellanos, y el jurista local Omar Casco. Aún resta que se anuncie el nombre de un tercer miembro extranjero.

La integración de la comisión podría ayudar a que la comunidad internacional restablezca relaciones con el nuevo gobierno hondureño, especialmente de la OEA, que suspendió a Honduras tras el golpe.

Lobo, un hacendado conservador electo en unos comicios en noviembre y que asumió el poder en enero, ha logrado en sus casi tres meses de gobierno el respaldo de Washington, la reanudación de la asistencia de organismos financieros internacionales y el reconocimiento de más de 50 países.

Pero aún no ha sido reconocido por naciones de América Latina, entre ellas las que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que lidera Venezuela.