El gobierno reconoció este domingo que no han habido resultados en materia de seguridad en el país.

Ante la imparable ola de crímenes, se oficializó ayer en San Pedro Sula un nuevo plan de seguridad ciudadana denominado "Operación Relámpago", que iniciará a partir del 1 de noviembre en el territorio nacional.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente durante un encuentro con el presidente del Congreso Nacional (CN), Juan Orlando Hernández; el presidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera; el fiscal general Luis Rubí; el alcalde sampedrano Juan Carlos Zúnida y las máximas autoridades de Seguridad y Defensa.

El plan contempla una división de ocho regiones que estarán cada una bajo la responsabilidad de un comandante de la Policía Nacional y un comandante de las Fuerzas Armadas. Una de las regiones será Tegucigalpa, otra San Pedro Sula y las otras seis se distribuirán en el resto del territorio nacional de acuerdo a la concentración poblacional.

Los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas serán evaluados cada dos o tres meses en relación a la disminución de los índices delincuenciales y de criminalidad registrados en cada una de sus regiones.

"En cada una de esas regiones vamos a tener un comandante de la Policía y un comandante de las Fuerzas Armadas con nombre y apellido", dijo Lobo Sosa. "Vamos a evaluar cuál es la región que ha logrado que bajen más los índices delincuenciales, es importante que las instituciones se fortalezcan y parte del fortalecimiento de las instituciones es la creación de liderazgos en las instituciones".

Lobo Sosa aseguró que ya se ha confirmado el apoyo de algunos países de la comunidad internacional como Estados Unidos para poner en marcha el plan de seguridad encaminado a disminuir la delincuencia, el crimen y el narcotráfico.

"Tenemos mucha ayuda internacional que nos han ofrecido para este programa, en la reunión con (Barack) Obama uno de los temas fue la seguridad en el marco del respeto a los derechos humanos".

Más fuerza del orden. La "Operación Relámpago" contempla la contratación de más agentes de la Policía Nacional y más elementos de las Fuerzas Armadas para hacerle frente a la inseguridad en cada región del territorio nacional.

"Vamos a llegar al lugar de acuerdo a lo que seleccionen, lo haremos conjuntamente con el Alcalde Municipal, vamos a llegar al barrio y no nos vamos salir hasta que cortemos toda la mala hierba y sembremos semilla nueva", advirtió el gobernante.

"Tenemos que entrar con la disuasión que la genera la presencia masiva, ya le dije al chinito Chong Wong que se aliste porque voy a contratar más policías y más soldados, eso está ya decidido, vamos con disuasión a generar los espacios, de ahí monseñor Emiliani se va a dar gusto para que nos ayude con las labores de prevención porque al final es lo que nos va a resolver el problema", sostuvo el titular del Ejecutivo.

Reformas a leyes. El Presidente no descartó que el nuevo plan de seguridad, que se pondrá en marcha a partir del 1 de noviembre, implicará de algunas reformas a leyes para garantizar las acciones contra los delincuentes.

"Esto va a llevarnos incluso algunas reformas legales, aquí no es la discusión del tribunal constitucional lo que debe ocuparnos sino, que el tema es qué reformas se ocupan para poder ser más efectivos en la aplicación de las leyes y ver cómo protegemos a los jueces". "Pepe" señaló que el plan irá acompañado de acciones sincronizadas entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y hasta el Congreso Nacional, para así evitar que al final los malos queden libres.

"Si no hay seguridad, jamás el país podrá crecer económicamente ni desarrollarse, es fundamental que haya un ambiente propicio para invertir y generar empleo, pero es necesario que esa inversión tenga un denominador: la responsabilidad social".

De su lado, el alcalde sampedrano Juan Carlos Zúniga aseveró que solo con el trabajo conjunto y con la unidad de los distintos entes de justicia se puede lograr una amalgama de ideas para atacar la delincuencia, puesto que de forma aislada no habrá mejores resultados.

"Hoy se da a conocer una estrategia para frenar la ola delincuencial que arrebata la paz de San Pedro Sula y otros territorios del país y en la corporación se trabaja arduamente para combatir ese flagelo", precisó.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, indicó en una amplia exposición que la estrategia diseñada con el nombre de "Operación Relámpago" comenzará a funcionar el 1 de noviembre.

Señaló que cuando se dan eventos de violencia generalizada es porque ha fallado la prevención en el hogar y en la escuela, por lo que ante esos hechos el presidente Lobo Sosa ha considerado oportuno consolidar un equipo de trabajo integrado por los tres poderes del Estado y demás instancias responsables de la seguridad.

Licona mostró que la incidencia delictiva se concentra en ciudades como el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Choloma, Tocoa, Juticalpa, Olanchito, Catacamas, Villanueva, La Lima y Choluteca. "Por esta razón se ha diseñado una misión especial donde la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, hará operaciones conjuntas, dejando lo investigativo a los órganos encargados", manifestó.

Indicó que todas estas operaciones se realizarán poniendo como eje transversal el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. "La estrategia también comprende levantar censos de lugares de diversión o venta de bebidas alcohólicas en los municipios, tarea que se hará con los alcaldes, con patrullajes a pie y por cuadras y a futuro instalar cámaras que faciliten la labor", pormenorizó.

Control de armas. Entre tanto, en el Congreso Nacional un proyecto de ley de control de armas y municiones y otros explosivos ha sido introducido.

La legislación actual permite que una persona pueda portar hasta cinco armas, de manera que si van cinco individuos en un carro, no es ilegal que en ese automotor transporten 25 armas.

El objetivo es fortalecer con la implementación de medidas más rigurosas el control de forma integral de las armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados.

También se regulará a los sujetos titulares de licencias de uso de estos materiales, las actividades limitadas que estos sujetos pueden realizar, los derechos tributarios sobre este tema, las sanciones a aplicar a los titulares o no, el destino final de los materiales en condición de irregular, y finalmente se socializarán campañas orientadas a reducir la adquisición de armas en el país. La iniciativa fue presentada por el diputado Rodolfo Zelaya, miembro de la Comisión de Defensa.

Ejemplificó que en 2008 el Observatorio de la Violencia de la UNAH reportó 3.514 muertes ocurridas con armas de fuego, lo que representó el 78% de muertes violentas.

Por su parte, el Laboratorio de Balística de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público reporta para el mismo período un total de 1.005 armas de fuego que fueron utilizadas en la comisión de hechos criminales, de las cuales un 41% son tipo "pistola", un 27% son revólveres y un 12% son fusiles.

Igualmente vemos con preocupación la alta prevalencia de armas de fabricación casera, con un 11%, acotó el proyectista.

Presidentes prometen apoyo para nuevo penal. Los presidentes de los tres poderes del Estado se reunieron ayer por primera vez, en casi diez años, con la Fundación pro granja penal.Los tres altos funcionarios, Porfirio Lobo Sosa, del Ejecutivo; Juan Orlando Hernández, del Legislativo; y Jorge Alberto Rivera, del Judicial; coincidieron en que es urgente cerrar el presidio en San Pedro Sula e iniciar la nueva construcción.

Monseñor Rómulo Emiliani, presidente de la fundación, expresó sentirse satisfecho por las conclusiones a las que llegaron."Es un tema de emergencia nacional y hay que darle prioridad. Los internos merecen por dignidad humana un lugar donde cumplir su pena con las condiciones...", dijo Emiliani.

En el tema de la construcción del nuevo centro penal se abordaron dos puntos: seguridad y rehabilitación.Inicialmente se tenía previsto construir el centro penal en un terreno ubicado en Naco, luego la fundación recibió una donación de un predio en Choloma, donde se pretendía iniciar la obra, pero hubo oposición de los vecinos.

La idea ahora es vender ese terreno donado y con los fondos captados iniciar la construcción en Naco.