El Congreso decidió las destituciones luego de que el 27 de noviembre la Sala Constitucional de la Corte Suprema declarara inconstitucional, por cuatro votos a favor y uno en contra, la ley que impulsaba el proceso de depuración policial impulsado por el gobierno.

Tegucigalpa. El Congreso de Honduras destituyó este miércoles a cuatro magistrados de una sala de la Corte Suprema de Justicia y nombró a sus sustitutos, en medio de una disputa de poder con legisladores y el presidente Porfirio Lobo acerca de una ley de depuración policial.

El Congreso decidió las destituciones en la madrugada luego de que el 27 de noviembre la Sala Constitucional de la Corte Suprema declarara inconstitucional, por cuatro votos a favor y uno en contra, la ley que impulsaba el proceso de depuración.

Al no haber sido tomado en mayoría, el fallo debe ser ratificado por la sala suprema.

Dicha legislación estableció por primera vez en el país la aplicación de pruebas de polígrafo, toxicológicas, investigación de bienes y psicométricas para decidir qué oficiales y agentes continúan o no en la policía.

La comisión legislativa que investigó a los magistrados argumentó que los cuatros jueces adoptaron el fallo sobre la ley de depuración policial cuando el instrumento ya no era vigente, lo que se contrapone a normas establecidas.

Las destituciones fueron aprobadas con 97 votos a favor, en su mayoría del gobernante Partido Nacional, y 31 en contra. El Congreso unicameral cuenta con 128 escaños.

El jefe de la bancada del Partido Liberal, Alfredo Saavedra, dijo que la destitución de los magistrados "es un golpe certero a la democracia" y que "es lamentable una situación en la cual dos poderes del Estado se están imponiendo sobre otro poder".

El presidente Lobo afirmó el sábado que los magistrados de la sala constitucional están "en contra de la depuración de la policía" y los acusó de estar "en una colusión para atentar contra la institucionalidad".

Las relaciones entre Lobo y los legisladores de su partido con el Poder Judicial se deterioraron tras dos fallos recientes de la Corte Suprema que declararon inconstitucional un impuesto de un 1,0% a grandes empresas y una ley para atraer inversión extranjera.

Oficiales separados del cuerpo policial por la aplicación de la ley han recurrido desde hace meses al recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la ley de depuración violenta su derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia.

La situación se presenta cuando se ha exacerbado la corrupción generalizada de la policía, según funcionarios, en un país acosado por la escalada de violencia vinculada al narcotráfico.

La tasa de homicidios en el país en el 2011 fue de 86.5 por cada 100.000 habitantes y autoridades la han relacionado con la presencia de cárteles mexicanos de la droga, que utilizan el país para el trasiego desde Sudamérica hacia Estados Unidos.