Tegucigalpa. El ex presidente Manuel Zelaya podría salir bien librado de las tres acusaciones por delitos políticos y actos de corrupción en la jurisdicción penal, pero no está eximido de la responsabilidad en el ámbito civil.

El Ministerio Público (MP) interpuso tres acusaciones en contra de Zelaya, de las cuales el Juzgado de Letras Penal de la capital libró igual número de órdenes de captura.

En el primer requerimiento fiscal, el MP presume que el ex mandatario incurrió en delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras. Estos delitos son considerados como políticos y comunes conexos, sobre el cual el Congreso Nacional decretó una amnistía, por lo que el expediente es archivado.

Al concluir otras investigaciones, el MP interpuso dos acusaciones más contra el ex mandatario por delitos ligados a actos de corrupción, que no abarca la amnistía.

En el primero, la Fiscalía contra la Corrupción supone que Zelaya es responsable de tres delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.

Según la Fiscalía, se desviaron unos 27 millones de lempiras (US$1,4 millón) para pagos de publicidad mediante la emisión de injustificados decretos de emergencia.

En el último requerimiento el MP le imputa falsificación de documentos públicos, dos delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública y fe pública. El caso refiere al despilfarro de 30 millones de lempiras (US$1,5 millón) del Fondo Hondureño de Inversión Social para el pago de publicidad valiéndose de injustificado decreto de emergencia.

En total suman 57 millones (US$2,9 millones) los que se habrían despilfarrado.

Devolver dinero. Al respecto, Zelaya tendrá que devolver al Estado los 57 millones de lempiras que según la Fiscalía habrían sido despilfarrados en su gestión, en perjuicio del Estado.

Esta es la posición de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah). "La Procuraduría debe exigir que se indemnice al Estado hondureño sobre los millones de lempiras que sacaron ilícitamente de las arcas del Estado", manifestó Teodoro Bonilla, presidente de la Asojmah.

La recuperación del dinero es en razón a una indemnización por daños y perjuicios, que la PGR está obligada a exigir por ser el representante legal del Estado. "La Procuraduría sólo debe defender los intereses del Estado de Honduras, no debe representar a ningún imputado", manifestó. Por lo tanto, señaló que es Zelaya quien debe escoger a sus defensores. "La responsabilidad civil siempre va a existir, no se exime al ex presidente Zelaya; la responsabilidad penal deberá de discutirse en los tribunales", indicó el magistrado.

Es decir que ante cualquier figura jurídica que se pretenda aplicar para beneficiar a Zelaya en las dos acusaciones por corrupción, la responsabilidad civil no se extingue y deberá imponerse.

La Asojmah recalca que por respeto a la Constitución, al estado de derecho y a la ley procesal penal, Zelaya debe presentarse ante los tribunales para enfrentar los cargos que se le imputan.

MP sin oposición. Respecto al nombramiento de los defensores de Zelaya, el Ministerio Público no se ha pronunciado ante los juzgados de lo penal, por la acción emprendida por la PGR para allanar el camino del acusado a los tribunales de justicia.

Se conoció que los defensores del ex mandatario se encuentran gozando de las vacaciones del Poder Judicial. Sin embargo, una fuente consultada manifestó que, en el momento en que se presenten acciones en los expedientes de Zelaya, los defensores públicos nombrados tendrían que hacerse presentes aunque estén de vacaciones.

Crosvin Lanza, Eduardo Turcios y Anaín Orellana son los abogados públicos encargados de la defensa de Manuel Zelaya.

Lo que sigue en el caso del depuesto presidente es que alguna de las tres partes (Fiscalía, PGR o la defensa), interponga alguna acción en el expediente, ya que el juez encargado del caso se encuentra trabajando entre los jueces de turno.

En las últimas 48 horas se ha hablado sobre la presencia de Zelaya en el país, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades gubernamentales.

Hace un año "Mel" ingresó al país sin que las entonces autoridades se enteraran de su presencia. El ex mandatario permaneció encerrado en la Embajada de Brasil, donde tuvo que pasar la Navidad.

Seguridad a "Mel". El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez Guerrero, se refirió a la posible llegada al país del ex presidente Manuel Zelaya Rosales. "Yo creo que como hondureño él puede entrar o salir del país cuando quiera", dijo.

"Yo ya lo he dicho antes, que nosotros como Policía, el Congreso Nacional nos ordena a través de las leyes que le demos protección a un ex presidente, no importa quien sea", aseguró el funcionario.

En relación a los casos judiciales que están pendientes, dijo que será el juez que mira el caso es el que va a decidir.

"De lo que nosotros vamos a estar pendientes es de que si él regresa, tenga todas las protecciones del caso para que él solucione sus problemas de la manera más efectiva y de conformidad a la ley", concluyó el titular de Seguridad.