En juicio oral y público se definirá si el ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Roberto Zelaya Rojas es o no culpable de recibir millonarios sobornos.

El caso refiere al requerimiento fiscal que le interpuso el Ministerio Público (MP) por suponerlo responsable de los delitos de cohecho y lavado de activos. Según el ente acusador del Estado, Zelaya habría recibido US$2.800.000.

Los fondos fueron transferidos a Estados Unidos, desde Honduras y Panamá, como soborno para agilizar pagos a la Compañía de Servicios Múltiples (Cosem), que fue contratada para digitalizar el sistema de registro del ente de previsión. Un ejecutivo de Cosem confesó el pago del dinero, según consta en el expediente 45-2014, al que tuvo acceso El Heraldo.

En el mismo requerimiento fiscal se acusa a los subsecretarios de Trabajo y Salud, Carlos Montes y Javier Pastor, respectivamente, por cohecho pasivo impropio y lavado de activos.

El pasado 14 de septiembre, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional le decretó a Zelaya el auto de formal procesamiento, al encontrar indicios racionales de la comisión del delito y participación del imputado en el mismo.

Asimismo, en dicha audiencia inicial se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, que cumple en el Primer Batallón de Infantería.

Su defensor, Marcelino Vargas, informó ese día que no apelaría la resolución por considerar que es un caso complejo y prefería mejor ir a juicio oral y público. El juzgado autorizó una prórroga solicitada para celebrar la siguiente audiencia, la preliminar, cuyo plazo vencería en noviembre. En dicha audiencia el MP formaliza la acusación y pide elevar la causa a juicio oral y público.

El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, informó este lunes a El Heraldo que el 5 de enero el MP pedirá al Juzgado celebrar dicha audiencia preliminar.

La intención es ir a juicio oral y público, para probar la responsabilidad penal en que incurrió el imputado en este proceso, expresó el fiscal.

En el juicio, los fiscales y defensores presentan sus pruebas ante un Tribunal de Sentencia, quien dictará si es culpable o inocente. Será el primer juicio oral contra Mario Zelaya.

En el caso de Montes y Pastor, el proceso está en suspenso, en vista de recursos que interpusieron contra el auto de formal procesamiento.

La pena por el delito de lavado de activos es de 15 a 20 años de reclusión, y por el cohecho pasivo impropio es de uno a cuatro años.