Un acuerdo amistoso consiguió la Procuraduría General de República de Honduras con los familiares de los 107 reclusos que fallecieron durante un incendio en el centro penal de San Pedro Sula, Cortés, en 2004.

Ethel Deras, procuradora general, explicó que el Estado de Honduras llegó a un arreglo amistoso con los reclamantes durante el juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.

Para la funcionaria, el acuerdo entre las partes es satisfactorio para el Estado de Honduras ya que también se tomaron decisiones importantes relacionadas a las mejoras en los centros penitenciarios.

“Esto es algo que beneficia al país” afirmó.

La procuradora aclaró que al haber llegado a un acuerdo amistoso concluye la demanda entablada contra el Estado de Honduras por el incendio del centro penal de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, que terminó con la vida de 107 reclusos.

La funcionaria se negó a revelar la cantidad de dinero que se dará a cada familia de los internos fallecidos, aunque aseguró que lo que se pagará es una suma simbólica, ya que “cualquier cantidad es menor al valor de la vida”.

A juicio de la abogada, el Estado hondureño salió beneficiado al conciliar con los afectados, ya que el “obtener una sentencia condenatoria para el Estado hubiera sido una situación difícil que no nos hubiera dado buena imagen”.

Honduras admite responsabilidad en tragedia de cárcel en 2004. "Es un hecho cierto", añadió, que estas personas murieron en un centro penal en donde el Estado era garante de su vida.

Respecto al caso de Comayagua, en donde fallecieron 361 compatriotas , dijo que es el Presidente Porfirio Lobo quien debe tomar esa decisión, pues hay que esperar los informes de la investigación.