Los fondos han sido incautados a bandas delictivas y se han repartido entre instituciones que luchan frontalmente contra la delincuencia y otras que brindan asistencia social en aplicación de la Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados.

El dinero mal habido del crimen organizado ha comenzado a usarse en su contra en Honduras.

Alrededor de 211.5 millones de lempiras (casi US$11 millones) que fueron incautados a bandas delictivas se han repartido entre instituciones que luchan frontalmente contra la delincuencia y otras que brindan asistencia social en aplicación de la Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados.

Los fondos se desembolsaron en dos etapas por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ente del Ministerio Público (MP) que se encarga de custodiar los recursos decomisados a los criminales.

La Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados fue aprobada en noviembre de 2010 y definió que los recursos se entregaran a finales de ese año e inicios de 2011, tal como se ha hecho.

Repartido. La secretaría de Defensa recibió 50.5 millones de lempiras más US$1 millón (equivalente a cerca de 19 millones de lempiras), para un total en lempiras de más de 69.5 millones (US$3,6 millones).

El ministerio Público recibió igual cantidad en lempiras y en dólares que Defensa.

Asimismo, la secretaría de Seguridad se benefició con 50.5 millones de lempiras y una suma adicional de US$1.190.000, es decir, cerca de 22 millones de lempiras. Estos recursos para Seguridad suman en total 72.5 millones de lempiras (US$3,7 millones).

Para el proyecto Bono 10 mil se destinaron casi 20 millones de lempiras (US$1.038.000), lo mismo que para la Secretaría de Desarrollo Social.

El principal objetivo de este dinero fresco es el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, en vista de la limitada logística con la que cuentan la Fiscalía, Seguridad y Defensa, instituciones a las que se aprobó un mayor porcentaje de ayuda, dijo el director de la OABI, Omar Zúniga.

En la ley existe un artículo que obliga a las entidades receptoras de los fondos a hacer una liquidación de los gastos.

"Es un proceso al cual nos aprestamos (auditoría de los recursos), desconozco si lo piensa hacer la OABI o directamente el Ministerio Público, pero en todo caso es una facultad del Ministerio Público", indicó Zúniga.

Parte de este dinero repartido que estaba bajo la administración de la OABI ya era propiedad del Estado según sentencias judiciales, pero otras cantidades solo estaban bajo custodia y a la espera que la justicia determine si se lo acredita al gobierno o se le devuelve a sus dueños a quienes se le decomisó.

En caso de que una personas acredite la legitima propiedad de los fondos, la Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados constituye al Estado como aval de esos recursos para que pueda garantizar que se devolverán. El funcionario consideró que este tipo de normas sirven para equilibrar un poco las fuerzas "en esta guerra" con el crimen organizado.

El Ministerio Público cuenta con un presupuesto de 840 millones de lempiras, mientras que a la Secretaría de Seguridad se le asignaron 3.110 millones.

Destino. El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que parte de los fondos que se recibieron ya se han invertido en la compra de cierto equipo menor.

"Ya se hizo la primera acción de desembolso y se han comprado los chalecos y conos (nuevos, color amarillo limón)", aseguró. Pero en un mediano plazo se piensa adquirir un lote de radio con un sistema especial que hace casi imposible que su señal sea interceptada.

"Son radios digitales especiales porque los delincuentes han estado interceptando nuestras comunicaciones, pero ahora no lo podrán hacer", expresó Alvarez.

Asimismo, está programada la adquisición de varios vehículos, ya sea para investigaciones especiales o para patrullas, explicó. Además de Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados, se cuenta con la Ley de Extinción de Dominio, que permite hacer uso expedito de bienes decomisados al crimen organizado. El Ministerio Público constituyó una fiscalía especial para manejar esos fondos.