El depuesto presidente de la República fue acusado en los Juzgados de lo Penal el 30 de julio de 2009. El Ministerio Público le imputa los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos.
Tegucigalpa. Respetando la ley y las garantías constitucionales, el juez Claudio Aguilar resolvió abstenerse de conocer los juicios sobre corrupción de Manuel Zelaya Rosales.
La resolución emitida por el juez se debe a que no tiene competencia para desarrollar los procesos judiciales contra el ex mandatario de Honduras.
"Que los altos funcionarios del Estado y diputados contra quienes se pretenda proceder para deducirles responsabilidad criminal solo podrán ser enjuiciados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien conocerá del requerimiento, acusación o querella que promueva la autoridad competente o la víctima", indica el oficio emitido por el juez Claudio Aguilar.
En su caso, prosigue el documento, la Corte Suprema designará a uno (a) de sus magistrados (as) para que conozca el proceso en las etapas preparatoria e intermedia.
Es decir que, la CSJ debe nombrar a uno de los magistrados como juez natural para que realice la audiencias del proceso a Manuel Zelaya.
Investidura. Uno de los apartados de la resolución establece que José Manuel Zelaya Rosales ostenta en la actualidad el alto cargo de diputado del Parlamento Centroamericano, nombrado el 17 de septiembre de 2010.
Debido a la investidura de Zelaya, el Juzgado de lo Penal "no tiene la competencia para decidir sobre la existencia del derecho material pretendido, es decir, de la petición presentada por los abogados José Anaim Orellana y Edgar Crosby Lanza".
Los antes mencionados son los defensores públicos nombrados por el juez a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los abogados solicitaron una "nulidad de actuaciones desde el auto de admisión del requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público y que se dejen sin valor y efecto las órdenes de captura giradas contra el señor José Manuel Zelaya Rosales".
La decisión tomada por el juez Aguilar fue dada a conocer hasta en horas de la tarde de este viernes, ante los representantes de la PGR, la fiscalía, los defensores públicos y una masiva presencia de medios de comunicación.
Danilo Izaguirre, vocero de la CSJ, manifestó que el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, giró instrucciones para que una vez remitido el expediente a esta instancia, en un término de 48 horas se va a convocar a un pleno de magistrados.
El pleno sería para nombrar a uno de los magistrados como el juez natural que conocerá el caso que se le sigue a Zelaya.
El Ministerio Público (MP), a través de su portavoz Melvin Duarte, afirmó que con la resolución el MP se da por notificado y se estudiará la decisión tomada por el juez, por lo que ahora solo falta el papel que jugará la CSJ en los casos.
Antecedentes. El depuesto presidente de la República fue acusado en los Juzgados de lo Penal el 30 de julio de 2009. El Ministerio Público le imputa los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos.
Una de las acusaciones es por desviar 27 millones de lempiras de Casa Presidencial y la otra por realizar contrataciones directas por un monto de 30 millones de lempiras tomados de las arcas del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis).
Por ambas acusaciones se le libró orden de captura nacional e internacional.
El 14 de diciembre de 2010, la Procuraduría General de la República presentó un escrito de personamiento como acusador y en su condición de víctima, y al mismo tiempo pidió que se nombraran abogados públicos para la defensa de Zelaya.
El 21 de diciembre, Orellana y Lanza presentaron una solicitud de nulidad de las actuaciones del Ministerio Público y la suspensión de las órdenes de captura.
Todo este proceso judicial se realizó en medio de actuaciones escondidas o realizadas en horas de la noche para evitar que la prensa se enterara de las acciones entabladas para favorecer a Zelaya.
