Tegucigalpa, Honduras. El proyecto de ley para la participación política y electoral busca establecer el marco legal adecuado para que la participación de los ciudadanos y ciudadanas se perfeccione, sea más consciente, efectiva y beneficie al conjunto de la nación hondureña.

El proyecto ha sido introducido a la secretaría del Congreso Nacional por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a efecto de que sea sometido a la consideración del plenario en las próximas sesiones.

La nueva ley deberá estar aprobada antes del mes de diciembre, ya que contiene los lineamientos para la supervisión y control de las elecciones primarias e internas de los partidos políticos, las que deberán celebrarse en noviembre de 2012. Según la ley, este tipo de reformas son prohibidas en años electorales.

El proyecto. La propuesta contiene la creación del Instituto de Formación y Capacitación Ciudadana. Sus funciones centrales son promover y fortalecer la cultura cívica, la participación política activa e informada y la interacción con otros organismos del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y universidades, para que sumen sus esfuerzos a la gran tarea de consolidación de nuestra democracia.

Equidad de género. En cuanto a la participación política de las mujeres, el proyecto de ley propone una serie de obligaciones tendientes a garantizar su derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Su inclusión en las planillas de candidatos (as) a cargos de elección popular mediante el mecanismo de alternancia, la obligación de la paridad en los órganos de dirección de las organizaciones políticas y en sus actividades de capacitación y formación de liderazgo, y en todos los organismos electorales nombrados por el Tribunal Supremo Electoral supone un paso decisivo a favor de su inclusión real.

La participación. El proyecto de ley también prevé medidas afirmativas para promover la participación de otros grupos sociales que enfrentan dificultades para ejercer sus derechos cívicos y políticos. Se respetará el derecho de los pueblos indígenas y afrohondureños de recibir información en su propia lengua o dialecto.

Se facilitará el acceso a los centros de votación y el ejercicio del sufragio a las personas que enfrentan retos especiales o algún tipo de discapacidad.

Para garantizar el sufragio universal se instalarán juntas receptoras de votos en lugares como hospitales, hogares de ancianos y otras dependencias públicas donde se encuentren ciudadanos (as) que no pueden llegar a su centro de votación.

La reforma prevé que las juntas departamentales y municipales sean integradas por personal escogido y nombrado por el TSE, y que en elecciones generales el secretario y el escrutador se seleccionen de esa misma forma.

Esto permitirá que los miembros de las juntas receptoras de votos nombrados a propuesta de los partidos políticos y la ciudadanía en general cuenten con un respaldo institucional directo.

Según los proyectistas, este es el camino posible hacia la ciudadanización de la junta receptora de votos que fue tan demandada por los diputados. Lo anterior, junto a la creación de las juntas ciudadanas de verificación y recuento y al nombramiento de los custodios electorales, representa un paso enorme en la participación de la sociedad civil en los procesos electorales.

Partidos políticos. En cuanto a los partidos políticos, son varias las medidas de auditoría y control de los gastos de las organizaciones políticas, pero también son varias las que se toman para su fortalecimiento.

Entre las más destacadas se encuentran la reglamentación y control del financiamiento privado, el establecimiento de topes a las contribuciones y los gastos y la búsqueda de mecanismos de financiamiento público que preserve el sistema de la influencia del narcotráfico y el crimen organizado.

Según el proyecto, en elecciones internas los partidos políticos podrán recibir contribuciones (de una sola persona) por un máximo de 500.000 lempiras; los movimientos, 400.000; las precandidaturas presidenciales, 300.000; precandidaturas a diputados, 50.000; y precandidaturas a ediles, 30.000. Para los comicios generales, los partidos pueden recibir hasta un millón de lempiras; la fórmula presidencial, 500.000; candidatos a diputados, 100.000; candidatos a ediles, 60.000.

La propuesta también contempla la representación proporcional prevista por la Constitución para el nivel de diputados (en las elecciones generales) para las elecciones primarias.