La Policía hondureña propuso este martes al congreso Nacional un ambicioso proyecto para introducir tecnología en las acciones de combate a la delincuencia, una estrategia denominada "ciudades inteligentes" que tiene un costo de mil millones de lempiras (US$51,9 millones).

Sobre el tema de las ciudades inteligentes, el subsecretario de Seguridad dijo que para empezar se requiere de un presupuesto de 548 millones de lempiras (US$28,4 millones).

Además, 200 millones adicionales (US$10,3 millones) para el fortalecimiento de las acciones de la Policía.

El subsecretario de Seguridad, Armando Calidonio, y los jefes policiales hicieron la presentación ante la Junta Directiva y los jefes de bancada para que sea considerada en la agenda legislativa.

La propuesta ha sido acompañada con un paquete de reformas al Código Penal, la Ley de Policía, la Ley de Tránsito y otras normas que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana.

El jefe de la bancada de la UD, Sergio Castellanos, cuestionó que cualquier medida que sea propuesta para combatir la ola de violencia debe estar enfocada a contrarrestar flagelos como el narcotráfico y el crimen organizado.

El segundo elemento a atacar es la corrupción en el interior de la Policía.

Castellanos afirmó que la estrategia de mano dura que ha impuesto la Policía hondureña ha fracasado como en Colombia y México, en donde no se ha logrado parar el crimen ni tampoco combatir el narcotráfico.

El proyecto de ciudades inteligentes consiste en dotar de tecnología de punta los principales puntos de acceso a la ciudad con cámaras y equipos sofisticados que darían vigilancia en sustitución de la Policía.

Con este sistema se puede detectar la salida y entrada de personas extrañas a la ciudad, que si andan armadas son detectados por los equipos.

Calidonio dijo que la propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad para darle forma de proyectos de ley.

Los funcionarios también han presentado modificaciones al Código Procesal Penal, a la Ley de Policía, Ley de Tránsito y otras normas.

En cuanto a las reformas, explicó que llevan la intención de ampliar los períodos de tiempo para inquirir.

La Policía Nacional podría hacer detenciones de hasta 72 horas antes de pasar el caso a la Fiscalía.

Otro sería subir las penas hasta diez años a quienes porten insignias, chapas, luces policiales, uniformes y monogramas.

El Congreso también analiza, por su lado, los mecanismos idóneos para regular el uso de las motocicletas, ya que el sicariato se ha reactivado.

Esta actividad delictiva se facilita a los gatilleros porque en Honduras es permitido que dos hombres anden en motocicleta, aunque estos medios de transporte son para una persona.