El organismo internacional también denunció que la reacción del gobierno federal ha consistido en negar los señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza y mostrar a las víctimas como agresores.

De acuerdo con evidencia disponible sobre los dos episodios ocurridos este año en Michoacán, que saldaron en al menos 50 civiles muertos, “pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, expresó Daniel Wilkinson, director gerente de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

El 6 de enero del año en curso al menos seis personas murieron en Apatzingán, luego que de la Policía Federal dispersaran un plantón de grupos de autodefensa ciudadana que, aseguran, los atacaron; por otro lado, 42 civiles y un policía fallecieron en Tanhuato el 22 de mayo, mientras policías federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal.

La no gubernamental con sede en Nueva York, Estados Unidos, destacó que en ambos casos varios testigos indicaron haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos.

“Si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”, exhibió Wilkinson.

HRW denunció que tanto en Apatzingán, como en Tanhuato, la reacción del gobierno ha consistido en negar los señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como agresores.

A su vez destacó la impunidad en ambos casos: “Más de nueve meses después de las muertes en Apatzingán, y a cinco meses de las ocurridas en Tanhuato, ningún policía ha sido consignado por actuación indebida en relación con los incidentes”.

De acuerdo con el testimonio de un joven de 19 años que resultó herido en el incidente de Apatzingán, policías federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus cuerpos.

Además de la anterior declaración, HRW reporta haber obtenido el testimonio escrito de otro testigo y una entrevista grabada que un tercer testigo ofreció a un periodista; las tres versiones coinciden.

Sobre Tanhuato, un investigador de derechos humanos, que ha pedido que su identidad se mantenga bajo reserva, entrevistó exhaustivamente a tres personas que presenciaron los hechos. Según dijo el investigador a Human Rights Watch, las tres personas informaron que, después de la balacera inicial, varios policías habían ultimado con disparos a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial.

De acuerdo con la versión oficial del gobierno ofrecida hasta el momento, en ambos incidentes las muertes fueron consecuencia de los enfrentamientos y descartaron la posibilidad de que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales.

En varios informes publicados a lo largo de la última década, HRW ha documentado cientos de casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Estos casos ocurrieron en 12 de los 31 estados de México, que representan la diversidad geográfica y política del país, destaca la no gubernamental.

“Ante evidencias de que se cometieron atrocidades, la respuesta del gobierno ha consistido en negar o restarle importancia a la magnitud al problema”, observó Wilkinson. “Es la misma actitud que vimos el año pasado ante Ayotzinapa y Tlatlaya y sugiere que el gobierno todavía no está dispuesto a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país”.