Lima. Perú alista una de las ofensivas militares más grandes en casi dos décadas contra remanentes del grupo rebelde Sendero Luminoso en busca de darle un golpe mortal, luego que el movimiento avergonzara al gobierno con un masivo secuestro y matara al menos a cuatro agentes de seguridad.

Fuentes militares y del gobierno dijeron este viernes que fuerzas combinadas están reubicando a cientos de nativos para evitar que estén bajo fuego en un eventual choque en una zona remota en la selva en el sur del país, donde los rebeldes mantuvieron cautivos por cinco días a 36 trabajadores.

"Se viene una operación militar con todo, el tema es todo o nada", dijo una fuente del comando conjunto de las fuerzas armadas que pidió mantener su nombre en reserva.

El líder que se adjudicó el secuestro, Martín Quispe Palomino, alias "Camarada Gabriel", dijo esta semana en una inesperada entrevista con tres medios de comunicación local que la toma de rehenes fue una estrategia para provocar a las fuerzas armadas y "aniquilar" a militares y policías.

Sus declaraciones pusieron en duda la actuación del gobierno, que había calificado como "victorioso" el operativo para rescatar a los rehenes que trabajan para empresas gasíferas. Quispe afirmó que fueron liberados por los propios rebeldes.

"El balance para nosotros no es favorable, hay muertos, heridos, un helicóptero caído. Por eso se viene una operación militar fuerte porque hay una presión política muy fuerte para lograr resultados", afirmó la fuente.

El secuestro de trabajadores por parte de remanentes de Sendero Luminoso ocurrido la semana pasada tuvo un fuerte impacto mediático en Perú, país que aún recuerda el apogeo del grupo rebelde que realizaba atentados casi a diario hace dos décadas en una lucha que dejó 69.000 muertos y desaparecidos.

El gobierno del presidente Ollanta Humala, un militar retirado que combatió al grupo rebelde en la década de 1980 y 1990, anunció el envío de 1.500 efectivos adicionales de las fuerzas armadas y policías a la zona selvática donde se produjo el secuestro, en la región del Cusco en el sureste del país.

Zona vital. En la zona de conflicto está el corazón de las reservas de gas natural de Perú y es donde además nace el único gasoducto que abastece de combustible a empresas y viviendas en la capital de Perú, construido con un costo de US$3.000 millones.

El gobierno de Humala anunció el mes pasado que tiene planeado iniciar en Cusco la construcción del segundo gasoducto más importante del país, para crear el primer polo petroquímico local con una inversión de US$16.000 millones.

La presión contra Humala ha puesto bajo lupa su política antisubversiva, que para algunos analistas no ha tenido resultados concretos desde que asumió el año pasado.

"Hay una ofensiva por orden del mismo presidente Humala", dijo una fuente del Ministerio de Defensa al referirse al movimiento de los militares en la región selvática del Cusco.

El desplazamiento de los nativos, que viven del agro, comenzó hace unos días y todos los civiles son empadronados para evitar que no se separen de sus familias, refirió la fuente.

"Se les ha retirado del teatro de operaciones para evitar daños colaterales", agregó.

El grupo rebelde contaría con unos 400 combatientes, según fuentes militares y expertos en temas de violencia.

La reciente actuación de remanentes de Sendero Luminoso denota que el grupo se ha fortalecido por su alianza con el narcotráfico, que les provee de armas y logística a cambio de protección en la convulsionada zona, según analistas.

La zona conocida como el VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene) es considerada como una de las mayores productoras mundiales de hoja de coca, insumo base para elaborar cocaína.

El ministro de Interior, Daniel Lozada, anunció esta semana que la familia del cabecilla rebelde Quispe Palomino ha lavado dinero producto del narcotráfico por US$100 millones, a través de testaferros que ya han sido capturados.

Si bien los rebeldes no representan un riesgo potencial para la estabilidad del Estado peruano, sus ataques y emboscadas han dejado unos 60 policías y militares muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los últimos tres años.